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Guadalajara.— El descuido sistemático con que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Fiscalía de Jalisco manejaron los 380 cuerpos de personas no identificadas que el año pasado permanecieron en dos cajas de tráiler con refrigeración hará imposible que se logre la identificación de 85 de ellos, señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), al presentar su informe especial y la recomendación por esta crisis forense.
Además, la defensoría señaló que la actual administración no ha solventado las malas prácticas, por lo que podría generarse una crisis similar a la que surgió con el gobierno pasado, encabezado por el priista Aristóteles Sandoval: “Estamos anticipando otra crisis similar si no se actúa de inmediato. En la actual administración se acumulan ya 450 NN en la zona metropolitana” señaló el titular de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón.
El informe presentado ayer a las afueras del IJCF, y en presencia de familiares de personas desaparecidas, indica que los cuerpos no podrán ser identificados porque “no tuvieron las condiciones adecuadas de preservación ni de almacenamiento, lo cual provocó que se borrara cualquier dato que pudiera relacionarlos con la fecha de ingreso, el lugar de los hechos o el hallazgo, la carpeta de investigación, averiguación previa o acta ministerial o las causas de la muerte”. De estos cuerpos, 37 corresponden a nonatos o recién nacidos.
La comisión documentó una cadena de negligencias que inicia con las autoridades que localizan los cuerpos de personas no identificadas; continúa en el IJCF, donde no se realizan las pruebas periciales adecuadas, y persiste en las actuaciones de los agentes ministeriales encargados de búsqueda de personas.
Esta forma sistemática de actuar provocó que en el IJCF se acumularan por lo menos 605 cuerpos sin identificar cuando se hizo público el escándalo de los cadáveres almacenados en cajas de tráiler.
Por ejemplo, entre las irregularidades detectadas el informe establece que “no obstante que desde el hallazgo de las personas fallecidas se encontraron documentos de identificación, no se hicieron las investigaciones para encontrar familiares que pudieran reclamar su cuerpo, sino hasta que los medios de comunicación dieron a conocer la noticia del tráiler”.
También señala que debido a que la mayoría de los cuerpos permanecieron en el IJCF entre cinco meses y tres años y medio, en muchas ocasiones tardó la realización de pruebas periciales a tal grado de que no lograron hacerse por el avanzado estado de descomposición de los cadáveres.
“Por la dilación en la práctica de algunos dictámenes de huellas dactilares no se pudieron tomar huellas a las personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraban al momento de la práctica (…) Se documentó dilación en la práctica de las necropsias, ya que algunas se documentaron 23 meses después de realizadas, señalando como responsables a las secretarias, argumentando que les correspondía la impresión”, establece el informe.
En tanto, la recomendación señala como principales responsables de esta situación a Raúl Sánchez Jiménez, entonces fiscal del estado; Maricela Gómez Cobos, entonces fiscal central; Fausto Mancilla Martínez, entonces fiscal regional; José Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito; Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de Recursos Materiales de la Fiscalía; Bernardo Arzate Rábago, coordinador general de Administración y Profesionalización de la fiscalía; Luis Octavio Cotero Bernal, entonces director general del IJCF; Eduardo Mota Fonseca, entonces director del Servicio Médico Forense, y Francisco Javier Ortega, entonces coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Entre las peticiones de la CEDHJ al actual fiscal, Gerardo Solís, y a Gustavo Quezada, director general del IJCF, está la realización de un acto público para ofrecer disculpas a los familiares de personas desaparecidas.
