La audiencia de juicio que se sigue en contra del empresario y ex precandidato a la presidencia de la República, por la vía ciudadana, Carlos Mimenza Novelo, por el delito de amenazas en agravio de un comunicador, en Cancún , se completó esta tarde y será mañana cuando la jueza a cargo dicte sentencia.
Mimenza, quien el año pasado se declaró líder de autodefensas en Quintana Roo, es acusado de enviar mensajes amenazantes vía celular, al comunicador Amir Ibrahim , a las 17 y 23 horas, en promedio, del ocho de julio de 2017 , de acuerdo con la causa 246/ 2017.
Ibrahim, ex director de Publicidad del extinto periódico “Respuesta” , durante la época del gobernador, Roberto Borge ; fundador de un portal propio y director de un periódico local, durante la actual administración del mandatario, Carlos Joaquín, se acogió al Mecanismo de Protección para Periodistas y denunció a Mimenza, acreditando los daños psicológicos que le causaron los mensajes que le atribuye al empresario y la afectación a sus hijos, círculo familiar y de amigos más cercanos.
El daño, incluye el desplazamiento de su lugar de residencia, para ser protegido y afectó la forma en que ejerce su labor como comunicador, lastimando en paralelo su derecho a la Libertad de Expresión y el de la colectividad, al derecho a la Información, “causando estragos en su vida”, se escuchó hoy, durante la audiencia de cierre de alegatos por parte de su defensa y la del empresario.
“Las amenazas hacia un periodista, afectan a toda la sociedad. No sólo se debilitó su libertad de expresión, sino cómo la ejerce”,
expresó ante a juez, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo , acompañado por una asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuya identidad se reservó por seguridad.
El juicio en contra de Mimenza inició en 2018 con la audiencia de imputación a proceso. Desde entonces el caso ha seguido su curso y a partir del jueves pasado, entró a su etapa final de desahogo de pruebas y cierre de debate, en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en esta ciudad, con la presentación de 23 evidencias y 17 testimonios, incluidos los de peritos especializados en psicología e informática , por ejemplo.
Entre las evidencias presentadas en estos días, la Fiscalía exhibió ante la jueza, el resultado de un peritaje psicológico hecho a los mensajes que recibió Ibrahim, no para determinar la identidad del autor, sino su perfil psicológico, descrito por el perito como una persona narcisista, por ejemplo. También se presentó un análisis de vulnerabilidad y riesgo de la víctima.
La asesora jurídica de la CEAV enfatizó que de no ser porque Amir se acogió al Mecanismo federal de Protección de Periodistas y recurrió a instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , de organizaciones de la sociedad civil y de colegas, para solicitar apoyo y guía, “quizá no estaría aquí sentado” y añadió, que podría ser uno más en la lista de comunicadores asesinados en México.
Así, el fiscal pidió a la juez dictar sentencia condenatoria en contra del empresario originario de Cozumel, quien junto con su abogado, Leonardo Kumul, desahogaron sus alegatos e intentaron descreditar la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía.
Kumul Salazar argumentó presuntas violaciones al debido proceso, consistentes en ausencia de resguardo de cadenas de custodia, presentación de testimonios “aleccionados” y “de oídas”; versiones contradictorias o coaccionadas, ausencia de un perfil psicológico realizado personalmente al imputado, daros imprecisos y la omisión de presentar los mensajes “amenazantes”.
En opinión del abogado, las pruebas presentadas no pueden, ni deben ser tomadas en cuenta, pues carecen de validez legal, además que, tampoco se pudo probar una afectación o daño “grave” en perjuicio del comunicador, de acuerdo a la evaluación que le fue practicada.
Tampoco -sostuvo- se puede comprobar con la evidencia exhibida, que el autor de los mensajes sea Mimenza. Por todo lo anterior, consideró que “no se cumplen los requisitos esenciales del debido proceso para configurar el delito de amenazas”, pues en su opinión todo el caso se sustenta en “suposiciones” y existen dudas razonables, por lo cual apeló a la “lógica jurídica” de la juez, a quien pidió declara absuelto a su cliente.
Al tomar la palabra, Carlos Mimenza, se dijo víctima de una presunta “persecución política” que atribuyó al gobierno de Quintana Roo, a cargo de Carlos Joaquín González, pues según él, “todo es un teatro de la Fiscalía” para tratar de perjudicarlo y dañar su imagen, como una supuesta represalia por haber denunciado probables actos de corrupción de la actual administración que, sin embargo, no ha logrado probar, ni acreditar.
Mimenza mencionó que hay “infinidad de aplicaciones” para suplantar identidades y subrayó que ninguna autoridad le requirió su celular para revisar sus chats y extraer información o datos que comprobasen que es el autor de los mensajes amenazantes. “Se nota que hay línea para tratar de perjudicarme”, insistió.
La juez declaró el cierre del debate y desahogo de alegatos, así como un receso para retirarse a deliberar y reanudar la audiencia mañana, a fin de dictar sentencia.
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