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Defensoría de Derechos Humanos en Oaxaca y diputadas federales exigen regreso con vida de activista; desapareció el 4 de octubre

Sandra Domínguez Martínez desapareció junto a su esposo; en su momento, la activista denunció a funcionarios públicos por violencia contra mujeres indígenas

Sandra Estefana Domínguez Martínez, abogada y defensora mixe, fue reportada como desaparecida. Foto: Especial
09/10/2024 |18:13
Juan Carlos Zavala / Corresponsal
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La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca () hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que agilicen las investigaciones a fin de localizar con vida a la activista , quien desapareció junto con su esposo el pasado 4 de octubre de 2024.

“Este organismo autónomo se mantendrá vigilante y brindará puntual seguimiento al caso, siendo prioridad la salvaguarda y garantía del respeto a los derechos humanos de las personas desaparecidas”, informó en un comunicado.

En tanto que un grupo de diputadas federales del Partido del Trabajo (PT) exigieron a la Fiscalía General del Estado y al Fiscal General, presentación vida de la defensora Sandra Domínguez; y al gobernador Salomón Jara Cruz, atención integral a la familia de la defensora de derechos humanos, investigación inmediata y que agoten todas las líneas de investigación posibles, hasta dar con los responsables de su desaparición.

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Activista desaparecida en Oaxaca. Foto: Especial

La diputada Martha Aracely Cruz recordó que la activista desaparecida representó un peligro para los intereses de quienes buscaron constantemente hacerle daño.

“Desde el año 2020, Sandra venía denunciando a una red de funcionarios estatales y federales por su implicación en la creación de grupos virtuales de acoso y violencia a mujeres indígenas, que había resultado de la remoción de cargos públicos de algunos miembros; pero también de amenazas a sus denuncias”.

Además, agregó, que la abogada se solidarizó con muchas denuncias y causas de trascendencia social en la región Mixe y en el estado de Oaxaca.

Por ello, dijo que la investigación de esa desaparición no se puede interpretar desde la simpleza de la situación, “sino que la labor amplia de la compañera, tiene que verse a la luz de su denuncia y labor en defensa de los derechos humanos”.

De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado tiene dos líneas de investigación “sólidas” en relación a la desaparición de la abogada y activista Sandra Estefanía Domínguez y su esposo Alexander Hernández; y aseguró que el titular de la Coordinación de Delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez, no está involucrado en su desaparición.

Durante la conferencia de prensa en materia de seguridad, Jesús Romero, secretario de Gobierno, también confirmó que el vehículo en el que viajaba la activista y su pareja, fue encontrado abandonado en territorio del estado de Veracruz.

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Sandra Estefana Domínguez Martínez, abogada y defensora mixe, es reportada como desaparecida. Foto: Especial

Sandra Domínguez y su esposo desaparecieron desde el pasado 4 de octubre de 2024, y su desaparición fue difundida hasta ayer. La abogada y defensora de derechos humanos había recibido amenazas de muerte por denunciar la creación de grupos de chat como “Sierra XXX” y “Mega Peda”, en los que funcionarios estatales y federales compartían contendido que cosificaba a mujeres indígenas y en las que se ejercía violencia sexual en su contra.

Uno de los creadores y participantes de estos chat es Donato Vargas, actual funcionario del gobierno de Salomón Jara Cruz, y de quien activistas, organizaciones y colectivos, han exigido que sea removido de su cargo por tener denuncias penales en su contra por violencia familiar.

En su momento, Sandra Domínguez señaló a Donato Vargas como el responsable de las amenazas de muerte en su contra.

Pese a ello, Romero López deslindó – sin una investigación penal– al Coordinador de los Delegados de Paz del gobierno del estado, y aseguró que las denuncias por violencia familiar y por la creación de chat de WhatsApp en los que ejercía violencia sexual contra mujeres indígenas y las cosificaba, tienen más de cuatro o cinco años.


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