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Guadalajara.— La falta de infraestructura para resguardar cuerpos no identificados ha obligado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a preservar 157 cadáveres en la caja refrigerada de un tráiler que ha realizado un periplo por la zona metropolitana de Guadalajara, debido a que no cuenta con un sitio adecuado para su conservación.
Hasta el jueves de la semana pasada, la caja del tráiler se encontraba en una bodega de la colonia La Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque, pero por la presión de los vecinos que se quejaban de malos olores la presidenta municipal, María Elena Limón, pidió al gobierno estatal retirarlo de ahí y le otorgó un plazo de 48 horas para hacerlo.
La alcaldesa explicó que se enteró de la presencia del vehículo por un reporte de los vecinos y la inspección de personal del municipio que intentó cerrar la bodega por falta de permisos. Sin embargo, policías estatales impidieron que se colocaran los sellos de clausura.
La munícipe se quejó de la falta de coordinación con el gobierno estatal, pues aseguró que no fue informada sobre la medida.
Tras el reclamo de la presidenta municipal, el viernes el gobierno del estado tomó la decisión de mover el contenedor y reubicarlo en un predio a cielo abierto detrás del fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Tlajomulco, pero a través de redes sociales los vecinos se quejaron de los olores que emanaba y cuestionaron a la autoridad municipal sobre lo que estaba ocurriendo.
El gobierno de Tlajomulco responsabilizó al estatal de lo ocurrido y aseguró que tampoco fue informado de esta situación, por lo que el sábado nuevamente el gobierno de Jalisco decidió mover el tráiler con los cuerpos, pero esta vez el contenedor fue resguardado en una bodega de la fiscalía del estado en la zona industrial de Guadalajara.
Indaga situación CEDH. Ante estos hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación y recordó que en la recomendación general 3/2018, emitida el 21 de marzo de 2018, pidió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), establezca un cementerio forense para realizar, conforme a los protocolos correspondientes, las inhumaciones controladas e individualizadas de los cuerpos o restos que se encuentran a disposición de la autoridad ministerial.
La CEDHJ indicó además que se deben hacer registros de datos completos de estos cuerpos, incluyendo los perfiles genéticos de ADN.
“Las fosas o nichos deberán marcarse con materiales perdurables, con el número de folio o número único de registro que le haya correspondido a los restos; toda la información sobre inhumaciones debe ser debidamente documentada e incorporada tanto al Banco Estatal de Datos Forenses, como al expediente del caso en la fiscalía”, indicó la defensoría.
No obstante, aunque desde agosto pasado la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del gobierno del estado inició la construcción del cementerio forense en un predio donado por el municipio de Tonalá, en la colina El Vado, la obra se detuvo la primera semana de este mes debido a la inconformidad de los vecinos de fraccionamientos cercanos.
Aunque el fraccionamiento más cercano se ubica a un kilómetro de distancia, la dependencia estatal decidió frenar los trabajos que se realizarían hasta que no haya consenso con vecinos de la zona, quienes consideran que serán afectados por los malos olores y hasta por la violencia que puede generar un posible intento violento por parte de un grupo delictivo para recuperar un cadáver.
Este panteón forense está diseñado con 10 módulos de 80 gavetas individualizadas, con lo que se podrán resguardar 800 cuerpos en condiciones adecuadas; la obra estaba proyectada para terminarse en dos meses, pero ante este retraso de desconoce cuándo estará concluido.