Oaxaca de Juárez

.- Entre enero y julio de 2021 se registraron 103 hechos de “violencia extrema” y/o “atrocidades” y 126 víctimas de estos hechos en el estado de Oaxaca , reportó la organización a través de un informe basado en la revisión de notas periodísticas.

Entre los casos, la organización mencionó el asesinato de tres músicos en San Miguel Soyaltepec, el 8 de enero pasado, y el asesinato con arma de fuego del presidente municipal Leobardo Ramos Lázaro, el 4 de febrero, cuando viajaba en su camioneta.

También menciona el caso de cinco cuerpos humanos, cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina en el municipio de San Juan Guichicovi, el 21 de julio pasado; así como los hechos que acontecieron un día después, el 22 de julio cuando una mujer y sus dos hijos menores de edad fueron ejecutados dentro de una camioneta, en el municipio de Matías Romero.

De acuerdo con Causa en Común , durante julio de 2021 se han cometido en el país, al menos, 551 hechos de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades.

“Para efectos del estudio, se define ‘atrocidad’ como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”.

En julio, detalla, la tortura fue el tipo de atrocidad que se registró con más frecuencia en los medios locales y nacionales, con al menos 133 casos, siendo el estado de Morelos donde se registró el mayor número.

Mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres fue la segunda atrocidad más frecuente, con al menos 87 registros, siendo Guanajuato la entidad con más casos.

De igual forma, se registraron al menos 67 masacres y 42 casos de asesinatos de niños y adolescentes, así como al menos 38 casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema, principalmente en el Estado de México. Por último, se registraron al menos 25 casos de calcinamiento.

En las diversas categorías de atrocidades, en julio se registraron al menos 837 víctimas, el mayor número mensual en lo que va del año.

“Cabe destacar que habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por los medios, y que permanecen aún sin ser conocidas”.

La organización propuso que cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos, reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes; y la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.

“Igualmente son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país”.

La organización afirma que es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo.

“A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional”.

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agv

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