Al realizar un cambio en las políticas del sector seguidas durante los últimos años, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) pondrá especial interés en las zonas marginadas del país, como el sureste, para mejorar la calidad de vida y la alimentación de sus comunidades, aseguró Raúl Elenes Angulo, nuevo titular de la Conapesca.
En Mazatlán, Sinaloa, sede de la dependencia, Elenes Angulo dijo que los pescadores ribereños, de aguas continentales y trabajadores de las unidades de producción acuícola tendrán acceso al Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuacultores (BienPesca) —antes ProPesca— con el que se otorga capacitación y respaldo económico de manera directa.
Detalló que se promoverá la acuacultura rural, el mejoramiento productivo de los embalses y la adquisición de insumos biológicos, tras confirmar que la reducción del presupuesto —“recortado pero suficiente”— para el sector será de 30% este año, en el que se ejercerán mil 875 millones de pesos (mdp).
Agregó que el apoyo se entregará directamente a pescadores y acuacultores, para evitar las prácticas de corrupción que se detectaron en el manejo de tarjetas de combustible y los motores marinos.
No obstante, del presupuesto anual todavía se destinarán mil 159 millones de pesos para garantizar el apoyo para combustible de embarcaciones.
Desarrollo tecnológico
Las grandes firmas sardineras y atuneras del área industrial, sobre todo en Sonora y Sinaloa, se cuentan entre las que más subsidios recibieron en los últimos años, pese a disfrutar de mayor desarrollo tecnológico. En el caso de las sardineras, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto les otorgó contratos directos equivalentes a 755 millones de pesos a través de Diconsa, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), de acuerdo con 805 contratos revisados por EL UNIVERSAL.
Para Miguel Ángel Ojeda, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, tanto la pesca industrial como la ribereña tienen problemas particulares, pero en cuanto a la última, subraya que “lo que requiere son alternativas para comercializar mejor sus productos, trabajar en la segunda y tercera etapa de la cadena, como inversiones en cadenas de frío, tecnologías, encadenamiento productivo para buscar un mejor mercado”.
Las sardineras producen unas 533 mil toneladas anuales de la especie más explotada junto al atún, con 113 mil toneladas, indican los anuarios de la Conapesca en 2006-2014. Desde los años 50, entre 65% y 70% de la sardina es destinada a la engorda de ganado, mediante un proceso de quema a altas temperaturas en hornos.
La sobreexplotación, combinada con el calentamiento del mar por el fenómeno de El Niño, ha reducido las poblaciones, lo que golpea la cadena trófica: peces mayores, aves y mamíferos que consumen principalmente sardina, establecen los expertos Enriqueta Velarde, de la Universidad Veracruzana, y Exequiel Ezcurra, director del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California.
Además, en 2010-2017 las sardineras recibieron subsidios para diesel marino y modernización de embarcaciones por 257 millones de pesos. Dicho apoyo es considerado “ambiguo y dañino” para la sustentabilidad por el Institute for the Oceans and Fisheries de la Universidad de Columbia Británica, Canadá.
Sumados a esos recursos públicos, están los 755 millones de pesos que recibieron en 805 contratos celebrados con Diconsa, divididos entre cinco grupos empresariales y un distribuidor, de acuerdo con el sistema Compranet de la Secretaría de la Función Pública y la plataforma Contratobook del organismo Ciudadanos por la Transparencia.
El mayor porcentaje se lo llevó Grupo Pando (Integración y Transformación SA de CV), dueño de las firmas Yavaros y Calmex, con 289 mdp en 205 contratos. Le siguen Grupo Guaymex (Comercial Dos Costas S.A. de C.V.) con 241 mdp y 528 contratos, y Pinsa Comercial, con 49 mdp y 27 contratos.
También aparecen San Pedro Pacific Products con 44 mdp y 21 contratos; Grupomar (Mar Industrias SA de CV) con 6 mdp y tres contratos; Hermanos Jacquez Ochoa, con 585 mil pesos y un contrato y, finalmente, la empresa distribuidora Representaciones Nyjisa, con 123 mdp y 20 contratos.
Los contratos otorgados por la Dirección de Comercialización de Diconsa formaron parte del Programa de Seguridad Alimentaria de la Sedeso, lo que significa que las latas de sardina de diversas marcas arribaron a 27 mil tiendas fijas y 300 móviles del país, además de comedores.
Su objetivo era “garantizar el abasto oportuno de productos básicos y complementarios, a precios accesibles, en localidades rurales de alta y muy alta marginación”, pero parecería lo contrario, ya que en 2018 la lista trimestral de los precios promedio de venta de los 23 productos de la canasta básica Diconsa registró un alza de 20 centavos en la lata de 425 gramos. De 23.15 pesos en marzo pasó a 23.35 en junio y en agosto bajó cuatro centavos, a 23.31.
Sin embargo, un monitoreo de este diario en diferentes tiendas entre abril y noviembre de 2018 expone que la lata de 425 gramos de Guaymex costaba 25.50 pesos y la de Calmex 25, hubo marcas en el nivel de 22.90 pesos.
Las Reglas de Operación de Diconsa 2018 señalan que los tipos y montos de apoyo “otorgado a través del precio de la canasta Diconsa sean de por lo menos 15%, considerando el precio de dicha canasta en las tiendas privadas del mercado local”. Si el precio en las tiendas privadas superaba 25 pesos, la reducción tendría que haber sido de al menos 3.75 pesos, lo que equivaldría a un precio total de 21.25 pesos.
Además, si se considera que el salario mínimo era de 88.36 pesos diarios —este año subió a 102.68—, el precio de una lata de sardina representaba 26.4% de esa cantidad, lo que la hacía inaccesible en un marco de alta marginación frente a alimentos como maíz, frijol y sopa de pasta.
Menos a los marginados
Sonora y Sinaloa se llevaron 54.8% de los 13 mil millones 232 mil pesos en subsidios federales en el periodo 2005-2017, afirma el estudio ¿Cómo invierte México en su industria pesquera? del grupo de análisis dataMares. En tanto, Chiapas recibió 339 mdp; Oaxaca 269 mdp y Guerrero 189 mdp. Mientras que el sector pesquero de los tres estados más pobres de México, según el Coneval, captó 797 mdp en total, unas cuantas firmas sardineras lograron 755 mdp en contratos el sexenio pasado.
DataMares puntualiza que “la distribución de subsidios debe analizarse desde la perspectiva de impacto. Una mejor distribución tendría mayor impacto en comunidades y organizaciones pesqueras. La pesca artesanal genera más empleo, mayor valor económico y produce casi el mismo volumen de alimento para consumo humano directo que la pesca industrial”.
