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Dos de los seis manifestantes detenidos durante el desalojo ocurrido en Rancho Mena, en el Ejido Choropo, en Mexicali, llevarán su proceso en prisión, en espera de la audiencia de vinculación.
A los acusados se les imputan los delitos de agresiones contra funcionarios públicos, contra agentes policiales en funciones, y lesiones calificadas. Los cargos les fueron imputados por su participación, el martes pasado, en un enfrentamiento con más de un centenar de policías de corporaciones locales.
Ese día los policías se confrontaron a manifestantes que mantenían un plantón donde se construye un acueducto que abastecerá de agua a la planta cervecera estadounidense Constellation Brand, obra a la que se oponen pues consideran que dejará sin agua al municipio.
Durante el desalojo, en el que participó la Policía de Mexicali, la Policía Estatal Preventiva y agentes ministeriales, resultaron lesionadas al menos siete personas, entre ellos un policía y un periodista.
Producto de la trifulca fueron detenidos seis manifestantes, de los cuales, hasta ayer tres se encontraban en libertad y el resto en prisión. Durante la tarde se llevaron a cabo dos audiencias de presentación.
Renuncia abogado. En la primera audiencia de control se presentaron a dos de los arrestados, mientras que un tercero se presentó en una segunda audiencia. La juez a cargo del caso declaró inicialmente como legal la detención; sin embargo, el proceso tuvo que ser repetido debido a que el abogado que representaba a los acusados se declaró incompetente.
Lo anterior luego que en la primera parte de la audiencia uno de los familiares de los señalados tuvo que ser sacado de la sala de audiencia, ya que intervino y exigió que cambiaran de litigante. El defensor aludido, Alejandro Rivera, confesó que no estaba preparado y se declaró incompetente en los procedimientos del Nuevo Sistema Justicia Penal (NSJP). Su renuncia se dio luego de que la juez declarara legal el arresto de sus clientes.
Tras la reposición del proceso y el desahogo de pruebas por parte de la Fiscalía, se consideró que “había elementos sufientes para llevar a cabo el arresto por las agresiones que sufrieron dos oficiales que participaron en el desalojo”. Ambos acusados renunciaron a su derecho a declarar, Los agentes del Ministerio Público solicitaron a la Juez una orden de aprehensión en contra de los acusados para formalizar los señalamientos en su contra y se les impuso prisión preventiva como medida cautelar.
La próxima audiencia de Vinculación a Proceso se programó para el martes 23 de enero a las 10:30 horas en sala 10 del centro de justicia de Calle Sur.
En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió el expediente 185/2018 y la Queja CEDHBC/MXL/Q/11/18-1VG para la investigación del desalojo en el que se presume fueron violados varios derechos, entre ellos el de seguridad jurídica, libertad y legalidad.