El exdirector de Servicios Periciales de Veracruz
, Gilberto Aguirre Garza , dejó la cárcel y se le dictó prisión domiciliaria luego que la Comisión Estatal de Derechos Humanos comprobó que sufrió tortura para que declarará contra otros exfuncionarios.
Un juez federal le concedió al exfuncionario - acusado presuntamente de ocultar en el papel cadáveres hallados en una zona de Veracruz -, salir del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, para seguir su proceso penal en prisión domiciliaria.
El abogado Jorge Reyes Peralta, defensor del colaborador del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, aseguró que el juez determinó que era excesiva la prisión preventiva, sin embargo consideró que debería estar en libertad porque un organismo de derechos humanos comprobó que fue sometido a tortura.
“El hecho de tenerlo preso en su casa y cuidado por la Fiscalía y los policías del fiscal verdugo Jorge Winckler no es justicia, es una justicia a medias. Vamos a impugnar la medida ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal”, indicó.
Acusó al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia , Edel Humberto Álvarez Peña , de servir “al amo que lo maicee mejor”, pues dijo que él y la jueza Mónica Segovia han violado los derechos de Gilberto Aguirre.
La Comisión de Derechos Humanos de Veracruz determinó que funcionarios de la Fiscalía General del Estado cometieron tortura en contra de ex servidor público detenido.
El organismo autónomo emitió una recomendación en contra de la Fiscalía al comprobar tortura física y sicológica en contra del ex director de Servicios Periciales de la propia Fiscalía, actualmente preso.
Las declaraciones emitidas por el servidor público incriminaban al exfiscal General DEL Estado , Luis Ángel Bravo Contreras , quien también se encuentra preso.
Cabe destacar que horas antes, la exdirectora de Investigaciones Ministeriales , María del Rosario Zamora, logró que se modificara la medida cautelar a prisión preventiva tras permanecer en el Cereso de Pacho Viejo.
Pese a ello, su defensor, el abogado Arturo Nicolás Baltazar, argumentó que el orden del Segundo Tribunal Colegiado era retirar la medida cautelar de prisión preventiva, y buscaba que la dejaran en libertad.
afcl