Juchitán.— Elsa Cruz Gallegos aún guarda el contrato que firmó el 27 de noviembre de 2017 con el arquitecto Federico Irán Cabrera Verde, de la empresa Construcciones Hiram Habif, con oficinas en Tuxtepec, para la edificación en 45 días de su vivienda destruida por el terremoto de septiembre de aquel año. Le costaría 118 mil pesos.
A cuatro años, la casa está en obra negra, pues la empresa le entregó tan sólo 40% de avances, y durante los últimos tres años, con mucho trabajo, Elsa avanzó otro 20% con el apoyo del Programa Nacional de Reconstrucción, después de demostrar que fue víctima de un fraude.
Sentada en el corredor de su casa, Elsa sostiene los pagarés que le otorgó la empresa por 20 mil pesos en efectivo y los restantes a través de la tarjeta del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que el gobierno federal le entregó al acreditar daño total. La mujer buscó asesoría para demandar y en ese caminar de meses se encontró con otras 30 familias que también fueron defraudadas por la misma constructora.
“Me dejaron una casa sin repello, sin puertas ni ventanas y sin piso. Un pequeño corredor sólo con pilares y la varilla expuesta. Pensé que era la única, pero ya luego se fueron presentando ante el Ministerio Público otras familias, pero al final nos dijeron que no se podía hacer nada porque se firmó un contrato y que era civil. Nos cansamos de andar buscando ayuda y de gastar”, cuenta.
Cada vez que llueve, explica molesta, impermeabiliza el techo, pero ya le explicaron que la obra es de mala calidad, por lo que requiere nueva inversión para repararlo; sin embargo, su situación económica no se lo permite, pues apenas y gana el salario mínimo como afanadora en el ayuntamiento municipal, así que ve lejano el día que termine de reconstruir su casa.
Magaly Sánchez Santiago, una de las coordinadoras de la Red Regional de Vecinos Afectados por el Sismo de 2017, explica que aún tienen una lista de alrededor de mil familias de Juchitán y sus agencias que quedaron fuera de los censos oficiales que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La red nació precisamente cuando miles de familias quedaron fuera de los censos por una mala y rápida verificación, o que sus viviendas se clasificaron como daño parcial cuando eran total; también cuando comenzaron los fraudes de constructoras fantasma.
Sobre las estafas a damnificados, el equipo jurídico de la red considera que el proceso es largo, por lo que se presentaron ante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y muchos obtuvieron un segundo apoyo ya con el nuevo gobierno federal.
Según registros de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Oaxaca, hasta 2018 se habían presentado 22 quejas y otras 30 ante la Sedatu.
Las constructoras con quejas ante la Profeco incluyen a dos personas físicas y seis empresas. Además, Soinsa, S. A. de C. V., fue demandada ante la fiscalía estatal junto con dos constructoras más que reportó Sedatu en Oaxaca, tras acumular alrededor de 30 quejas.
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