El exfiscal general del Estado de Veracruz, Jorge Winckler, obtuvo un amparo mediante el cual se había ordenado modificar la medida cautelar de prisión por resguardo domiciliario; sin embargo, de manera inmediata se le notificó de una nueva orden de aprehensión en su contra.
Un Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca le había otorgado la protección de la justicia federal por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada.
La autoridad judicial además ordenó modificar las medidas cautelares contra el exservidor público, variarlas de prisión por las de resguardo domiciliario.
Sin embargo, autoridades ministeriales cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en el penal del Altiplano del Estado de México, donde se encontraba recluido.
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La nueva orden ahora es por el presunto delito de tortura, cometida en mayo del 2018, cuando se desempeñaba como fiscal.
La Fiscalía General del Estado detalló que fueron elementos de la Policía Ministerial y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en coordinación con agentes del Estado de México quienes notificaron a Winckler en el penal de máxima seguridad.
De inmediato, el exfiscal fue trasladado al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, para que defina su situación jurídica dentro del proceso penal 47/2022.
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Acusan persecución del gobierno de Cuitláhuac García
Desde su destitución y aprehensión en el año 2022, liderazgos del Partido Acción Nacional han denunciado que se trata de una persecución del gobierno del gobernador Cuitlahuac García Jiménez, de Morena.
En septiembre del 2019, luego de haber sido separado del cargo por la mayoría morenista en el Congreso del Estado, un Juez de Control giró una orden de aprehensión contra Jorge Wincler y cinco funcionarios más de ese organismo por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada.
También se giró orden de aprehensión contra el exfiscal Especializado en Personas Desaparecidas y entonces Fiscal Regional, Luis Eduardo “N”, y el entonces Fiscal Anticorrupción, Marcos Even.
Se trataba del caso de Francisco Zárate Aviña, exchofer del entonces fiscal general Luis Ángel Bravo, y a quien supuestamente privaron de la libertad para que diera datos sobre el paradero de su ex jefe que fue detenido.
Luego de permanecer prófugo de la justicia, fue detenido en julio de 2022 para enfrentar las acusaciones en su contra.
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