Oaxaca de Juárez.— El nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción estará compuesto por magistradas y magistrados vinculados a los exgobernadores Gabino Cué (aliancista) y Ulises Ruiz (PRI), así como al fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla, pero sobre todo a integrantes de alto perfil del gabinete del gobernador Salomón Jara, como Jesús Romero, titular de Gobierno, y el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, por lo que especialistas consultados por EL UNIVERSAL cuestionan qué tanta será su independencia.
El nuevo órgano es nacido luego de que diputados de Morena y partidos aliados eliminaron en ocho minutos el tribunal autónomo anterior. A diferencia del organismo extinto, que contaba con 12 magistrados, el nuevo sólo tendrá siete: tres en la Sala Superior, que ostentarán el cargo por siete años, y cuatro en Salas Unitarias, quienes se desempeñarán por cinco años.
Entre los cargos designados para ocupar la Sala Superior se encuentran Manuel de Jesús López, el de mayor trayectoria y quien siempre ha estado en puestos jurídicos y de administración de justicia donde la encomienda ha sido “cuidar las espaldas” de quien tiene el poder.
Fue procurador general de Justicia en el Estado de Oaxaca (PGJEO) desde el inicio del gobierno de Gabino Cué, en 2010, hasta el 13 de noviembre de 2013. Dejó el cargo para asumir la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental promovido por el mismo mandatario y posteriormente se desempeñó como jefe de asesores del Poder Ejecutivo estatal y el 7 de enero de 2015 fue designado por el mismo gobernador como magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia.
En la misma sala figura la abogada Cruz Itzel Espinosa Rojas, quien se desempeñó hasta antes de su nombramiento como directora jurídica y extitular del órgano interno de control del Congreso local. Fuentes consultadas por este medio la identifican como gente cercana a Jesús Romero López, titular de la secretaria de Gobierno, pues fue promotora y operadora de su intento por ganar a la candidatura a la presidencia municipal de la capital. Según datos del Congreso local también fungió como directora de Asistencia Jurídica entre 2016 y 2017 en la asociación Plataforma Oaxaca Solidario.
El tercer magistrado de la Sala Superior es Mateo Martínez Martínez, quien fue coordinador jurídico de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) de 2021 a la fecha; sin embargo, organizaciones defensoras locales dicen que no tiene antecedentes en el tema y que su cargo en dicha institución estuvo ligado al anterior ombudsperson, hoy convertido en fiscal general: Bernardo Rodríguez Alamilla. Además, se le vincula a Vásquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno.
En las Salas Unitarias destaca Anneliese Danae Echeverría Clavel, a quien se le relaciona con el magisterio oaxaqueño, puesto que desde el anterior Comité Ejecutivo Seccional fue secretaria jurídica de la sección 22 del SNTE.
Para la representante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yésica Sánchez Maya, la extinción del tribunal, luego de críticas del gobernador a los magistrados y asegurar que estaba al servicio del PRI, rompe la autonomía y avasalla al Poder Judicial. Expuso que la determinación del Poder Legislativo y la creación exprés de este órgano no permitió llevar a cabo un proceso de selección interno en el Tribunal.
“Me parece muy delicado, porque fue de un día para otro, no puede crearse un órgano de esa manera. El Poder Ejecutivo y Legislativo avasallan de una manera autoritaria al Poder Judicial, violentando su autonomía”, dijo.
Respecto a los señalamientos que hiciera el gobernador, indicó que antes de su destitución debieron iniciarse los procedimientos correspondientes y liberar las plazas para que fueran ocupadas por personas con los perfiles idóneos.
“La designación fue totalmente arbitraria, sin apegarse a procedimientos. Tuvieron que haberse cubierto los procedimientos correspondientes. Con ello se repite lo que hizo en su momento el exgobernador Alejandro Murat, designando a las y los magistrados a modo, ¿cuál es la diferencia con el PRI?”, cuestionó.
Especialistas consultados por este medio, pero que pidieron no revelar su identidad por miedo a represalias, afirmaron que la forma en que el Congreso local concretó la desaparición del tribunal fue una “arbitrariedad con mucho cinismo”, ya que los mismos diputados que desaparecieron la institución crearon otra con casi las mismas funciones a la que sólo le cambiaron de nombre y, como “cereza de pastel”, convirtieron al tribunal en una agencia de colocaciones donde pusieron a sus incondicionales.
“Se trata de algo que ya sabíamos, el Tribunal Administrativo, encargado de litigar asuntos económicos, como pagos, multas, infracciones, cuestiones económicas y monetarias, siempre fue un asunto de quien estaba en el poder y lo usaba para validar cosas, siempre fue un tribunal a modo para el Ejecutivo, ahora sólo se confirmó su naturaleza de forma burda”, sostuvo una fuente especialista en derecho penal.