El fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, asegura que es objeto de una persecución política por parte de la administración del gobernador, quien, señala, quiere quitarlo del cargo y usar el puesto “como una herramienta de poder con fines políticos”.

Asimismo, sobre el proceso de desafuero que se sigue en la Cámara de Diputados, Carmona Gándara comenta que no se puede resolver en definitiva en tanto no se solucione el juicio de amparo que promovió, y confía en que todo se resuelva conforme a derecho.

Advierte que ha sido víctima de amenazas directas para que renuncie “por parte personas que integran el gobierno estatal”, por lo que considera dar impulso a denuncias penales.

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En los próximos días la Cámara de Diputados debatirá la procedencia de su desafuero. ¿Qué opinión tiene de este proceso?

—Lo que sabemos es que el lunes va a sesionar la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para aprobar o no aprobar —que en mi caso es un juicio de desafuero— pase o no a un periodo extraordinario de sesiones, que tengo entendido que sería el próximo miércoles, donde 500 diputados del país estarían votando un dictamen que formuló la Sección Instructora, la cual se integra por cuatro diputados, y de esos cuatro, tres votaron en el sentido de que los fiscales generales del país no contamos con fuero constitucional, usando como referencia el caso del fiscal de Morelos.

Mi opinión es que no tienen razón, la Sección Instructora carece de facultades constitucionales para hacer una interpretación de la Constitución del artículo 111, párrafo quinto.

Ellos no pueden hacer una interpretación auténtica, no pueden desentrañar el espíritu de la Constitución desde el Poder Legislativo. Eso solamente le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los demás órganos que integran el Poder Judicial de la Federación.

Si lo hicieran así, estarían violando la Constitución y además estarían violando una suspensión definitiva que el fiscal de Morelos tiene otorgada en un juicio de amparo indirecto donde se establece, como punto de partida, que el fiscal de Morelos sí tiene fuero.

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Una juez de Distrito ya interpretó y aplicó la Constitución, dejando establecido que los fiscales del país sí cuentan con fuero y que no se puede resolver en definitiva, en la Cámara de Diputados, el juicio de procedencia en mi contra, hasta en tanto y primero se resuelva el juicio de amparo que tengo promovido.

Si esto ocurre así, que es como debería ser, yo tengo confianza, es más, tengo seguridad de que el amparo lo voy a ganar, me lo van a conceder, porque estoy acreditando que no cometí ningún delito y, además, estaré acreditando que en realidad esto deriva de una persecución política por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque tiene como meta obtener el control de la fiscalía del estado para usarse como una herramienta de poder para fines políticos e intereses ajenos a los de procuración de justicia.

Tiene confianza en que el juicio de amparo se resuelva a su favor, ¿cuándo puede ser esto?

—No tenemos fecha establecida, es un proceso que tenemos que respetar. Estamos en espera de las audiencias próximas, pero lo que ya es un hecho es que la suspensión definitiva se encuentra concedida y la Cámara de Diputados, en todos sus órganos, como la Comisión Permanente, están obligados a respetar esta determinación que es de orden público.

Se han hecho cargos muy serios en su contra, que van de lavado de dinero, incumplir con exámenes de confianza y tráfico de armas…

—Las niego categóricamente, no son más que parte de una campaña de desprestigio en mi contra para presionarme y obligarme a renunciar ante una forma atemorizante de actuar.

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Yo no he recibido ninguna notificación por parte de la Fiscalía General de la República en una carpeta de investigación por esos delitos. Los desconozco. Lo que sí sé es que la Unidad de Inteligencia Financiera revisó mi persona y me entregó un oficio donde me deja claro que yo no soy objeto de investigación de ninguna conducta ilícita.

Por la parte de una supuesta comisión de lavado de dinero, no hay tal, no hay manera de acreditarlo. Llevo casi 27-28 años de servidor público y jamás he tenido un tache en mi expediente, soy persona que nada más tiene dos cuentas de banco, con el dinero que corresponde a mis ingresos como servidor público. Tengo una vida muy sencilla, muy modesta; soy morelense, soy de una familia muy conocida en mi estado.

Ayer tuvo lugar un hecho en el que estuvieron involucrados sus escoltas...

—Fue una agresión de dos individuos que intentaron interceptar el convoy en el que yo viajaba, en dos unidades oficiales. Eran personas que nos cerraron el paso. El equipo de seguridad les marcó el alto y esas personas no se detuvieron, atropellaron a mi jefe de escoltas.

Los agentes hicieron algunos disparos para inhabilitar la marcha del vehículo y asegurar a esas personas, quienes los agredieron físicamente, intentaron despojarlos de las armas de cargo de los elementos y eso generó el uso de la fuerza mínima necesaria, para someter a estas personas.

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Ahora es el Ministerio Público el que está investigando cuál es la verdadera razón de esa agresión… Ya dimos acceso a la Comisión de los Derechos Humanos del estado, ellos están haciendo también su investigación. Las cosas se están haciendo bien, de manera transparente.

De manera desafortunada, ese hecho se usa también dentro de la campaña de desprestigio, pero vamos a seguir trabajando, no vamos a detener el cumplimiento de nuestra responsabilidad en el cargo público.

En este proceso de intimidación hacia mi persona he sido objeto no sólo de intrigas, sino de amenazas directas donde se me ha insistido fuertemente en que renuncie para no ser dañado en mi familia o en mi persona, he sido amenazado, se ha pretendido intimidarme. Eso lo han hecho personas que integran el gobierno estatal. Estoy valorando dar impulso a denuncias penales. La persona que lo hizo, lo sabe, seguramente me va a oír, y esto es la consecuencia de cuando se actúa al margen de la ley.