Guadalajara.— La noche del 28 de enero, Griselda Hernández Dueñas recibió una llamada de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco: le dijeron que habían encontrado a su hijo Kaliz Martínez, que tenía que presentarse con sus documentos y contratar los servicios de una funeraria para llevarlo de regreso a Colima, donde ella vive.
Sin embargo, la crisis forense en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ocasionó que no le entregaran el cuerpo y ahora nadie sabe dónde está.
Tras la notificación de las autoridades, Griselda buscó a la fiscalía de Colima para confirmar que su hijo era a quien encontraron en Jalisco. Recibió la misma respuesta: había un cuerpo cuyas pruebas de ADN checaban 99.9% con las de la familia Hernández Dueñas.
Como pudieron, Griselda y sus hijos recopilaron en pocas horas los documentos que les pedían y salieron rumbo a Guadalajara. En la madrugada llegaron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de ahí los canalizaron al IJCF, pero nadie supo darles explicaciones.
“En el papel que me entregaron dice que tengo tres hijos desaparecidos y no es así, sólo tengo uno. No nos querían mostrar el cuerpo, pero a mis hijos les enseñaron fotos y ellos vieron que no era [Kaliz] porque ese cuerpo tenía tatuajes y mi hijo no tenía ninguno.
“Me dijeron que no sabían qué había pasado, que habían tomado la muestra de ADN de un costado y que el cuerpo estaba completo, porque hay muchos que están despedazados”, explicó Griselda.
Tras ofrecerle una disculpa por lo ocurrido, las autoridades de Jalisco tomaron nuevas muestras de ADN a los hijos de Griselda y dijeron que harían otra prueba. Eso fue todo.
Tras lo ocurrido, el Colectivo Desaparecidos en Colima denunció que ni la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) ni la Comisión de Búsqueda local brindaron su apoyo en este caso y afirmaron que la falta de atención por parte de estas instancias es constante.
Indicaron que tanto la titular de la Comisión de Búsqueda del estado, Rosa Evelia Pérez, como la directora de la CEEAVI, Myrna Indhira Vizcaíno Jiménez, argumentan que no tienen personal ni recursos para atenderlos, por lo que demandan una audiencia con el secretario de Gobierno local, Arnoldo Ochoa, quien constantemente se ha negado a recibirlos.
Integrantes del colectivo indicaron que según la fiscalía estatal, hasta el 1 de diciembre de 2019 en la entidad había 744 personas desaparecidas, pero ellos aseguran que son más, puesto que —por ejemplo— según sus cuentas, en Tecomán, uno de los municipios más violentos del país, sólo se denuncian 30% de las desapariciones.
Griselda recordó que su hijo Kaliz desapareció el 26 de mayo de 2019, cuando se dirigía a hacer un trabajo de carpintería a Coquimatlán, Colima. Según las indagatorias, fue llevado a Jalisco.
“Sabemos que a la mayoría de nuestros familiares se los llevan a Jalisco”, señalaron los integrantes de Desaparecer en Colima, y eso complica mucho su labor de búsqueda, pues hay poco apoyo de las autoridades. Recordaron que han querido hacer búsquedas en el municipio de Tonila, debido a que tienen indicios de fosas clandestinas en la zona, pero el gobierno de Jalisco no les da apoyo.
El miércoles pasado, un día después de que Griselda recibiera la llamada de las autoridades jaliscienses, el Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG) informó que durante 2019 se acumularon en el IJCF 817 cuerpos sin identificar.
Los datos del instituto señalan que 599 (73.3%) corresponden a varones; 73 (8.9%) son mujeres y de 145 (17.7%) no se ha logrado determinar el sexo: “De 494 (60.5%) personas no se pudo identificar el rango de edad; 125 tenían entre 41 y 60 años (15.3%); 118, entre 21 y 40 (14.4%); 72, 61 años o más (8.8%); dos, entre 21 y 25, y las seis restantes eran menores de cinco años (1%)”, señala el informe del IIEG.
La mayor cantidad de ingresos de cadáveres no identificados ocurrió en noviembre, cuando se resguardaron 113 cuerpos.