Iguala.— Alejandro Guerrero es corresponsal del periódico El Sur en Iguala. Es, también, sobreviviente de la noche del 26 de septiembre de 2014. Ese día llegó a la esquina de Juan Álvarez y Periférico Norte a cubrir la conferencia que ofrecían los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, tras el primer ataque contra sus compañeros por parte de la policía local.
Mientras los normalistas denunciaban los ataques, un grupo armado llegó y les disparó.
Alejandro recuerda que primero pensó que eran disparos al aire, pero luego se dio cuenta de que no: eran disparos a matar. Todo el grupo, unas 100 personas, corrió a protegerse, él hizo lo mismo, escuchó cómo las balas rompían los cristales de los vehículos, cómo se impactaron en las paredes. Habrán sido 15 segundos que sintió eternos. Cuando se retiraba de esa esquina vio tirados en el piso —asesinados— a los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
Alejandro relata que llegó a su casa y se sentó a escribir su nota aún con las manos temblorosas. Al otro día se publicó en la portada del periódico en que trabaja. Documentó que los jóvenes —al igual que él— fueron atacados directamente por policías y presuntos criminales. La crónica de esa noche de Alejandro impidió que las autoridades alteraran los hechos, sembraran armas a los normalistas asesinados y dijeran que se trató de un enfrentamiento.
Durante estos 10 años Alejandro ha sufrido de todo. El 14 de agosto de 2017 un vehículo gris, conducido por un hombre y con otros sujetos a bordo, lo atropelló a alta velocidad cuando salía en su motocicleta del estacionamiento de la plaza comercial Galerías Tamarindos, propiedad del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. Quedó inconsciente, sufrió una fractura en el hombro.
“Fue con toda la intención de impactarme”, aseguró Alejandro a la agrupación Artículo 19.
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Después comenzó a recibir amenazas. Un día su hermano —también reportero— fue privado de la libertad, lo golpearon y después lo liberaron. No tuvo más opción que irse de Iguala.
No fue el único, otros nueve reporteros de Iguala se han tenido que desplazar por no contar con garantías para ejercer el periodismo. El 2 de agosto de 2020 fue asesinado a balazos el reportero Pablo Morrugares Paraguirre, junto a un policía estatal que lo escoltaba. Morrugares Paraguirre fue mencionado como testigo clave de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En una década, Iguala se convirtió en una zona de silencio.
Las mismas complicidades
La historia reciente de Iguala casi todos la conocen. Ahí ocurrió el crimen más grande de la última década contra jóvenes: asesinaron a tres normalistas y 43 fueron desaparecidos. Hasta ahora dos presidentes de la República no han podido responder las preguntas básicas: ¿Dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Por qué los asesinaron y desaparecieron?
Las investigaciones revelaron las complicidades y vínculos de la clase política local con las organizaciones criminales. El caso Ayotzinapa mostró cómo un alcalde puede poner a disposición del crimen a toda la policía de un municipio.
El Iguala de hace una década no es muy distinto al de hoy. Este gobierno que termina, el del priista David Gama Pérez, transcurrió bajo la sospecha de estar vinculado con organizaciones criminales.
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Un día antes de que tomara protesta como alcalde (el 1 de octubre de 2021) le dejaron fuera de su casa de campaña un vehículo con la cajuela llena de cadáveres. Luego llegaron decenas de mensajes exigiendo que respetara los acuerdos, y más tarde comenzaron los ataques: asesinaron a trabajadores del ayuntamiento, dispararon contra oficinas municipales, lo acorralaron. En el gobierno de Gama Pérez se canceló por primera vez la principal fiesta de Iguala, la feria de La Bandera, debido a las amenazas del crimen.
Al igual que hace 10 años, cuando todos sabían de las complicidades de José Luis Abarca con la delincuencia, ahora ninguna autoridad investiga a Gama Pérez para confirmar o descartar sus presuntos vínculos con criminales.
En esta década hubo mucha intervención de la policía y del Ejército, pero Iguala sigue siendo un lugar inseguro, violento, donde ni los asesinatos ni las desapariciones paran. La sombra de Guerreros Unidos se sigue moviendo en el municipio. Los remanentes se convirtieron en la organización criminal La Bandera que se alió con La Familia Michoacana y desataron una nueva etapa de violencia en su disputa contra Los Tlacos.
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Esta disputa mantiene sometida a la población, el pago de la extorsión es casi generalizado, el control de los precios y la distribución de los productos de la canasta básica depende de las organizaciones criminales.
Desde febrero pasado en Iguala se vive una relativa tranquilidad, pero no gracias a alguna intervención oficial, sino a la tregua entre La Familia Michoacana y Los Tlacos.
Una década difícil
—¿Cómo han sido estos 10 años, tras los hechos de Ayotzinapa?
—“Primero hubo hostigamiento de las autoridades estatales, federales, que empezaron a citarnos para declarar como testigos de los hechos. Querían que nosotros les dijéramos quién había sido. Quién había agredido a los muchachos. Cuando es algo que no vimos porque esa noche ocurrió la balacera cuando estaban dando la conferencia de prensa, todos corrimos a salvaguardar nuestra integridad, y ahí se deja de lado el ser reportero, y se trata de salvar la vida”, señaló.
Por otra parte, agregó Guerrero, “el tema de seguridad en este caso remarcó más esa situación. Ahora ya no puedes hacer un trabajo de investigación porque sabes quiénes están involucrados, no hablamos sólo del poder político, sino de otros poderes que tienen muchos intereses. También fue algo que afectó en lo emocional: haber visto todo lo que ocurrió a muchos nos dejó marcados”.
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La policía de Iguala
La participación de la policía de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fue documentada por autoridades, organismo de defensa de los derechos humanos y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Este grupo de expertos, en su segundo informe documentó, a través de análisis de balística, que los agentes de la policía de Iguala José Vicencio Flores, Hugo Salgado Wences, Rubén Aldy Martín, Luis Francisco Martínez Díaz y Emilio Torres Quezada dispararon sus armas en avenida Álvarez esquina con Periférico Norte, donde la patrulla 02 se le atravesó al camión donde iban los estudiantes y les dispararon.
Otro momento fue en el Puente El Chipote, justo a un costado del Palacio de Justicia. Ahí está documentado cómo patrullas de la policía de Iguala detuvieron al autobús Estrella de Oro número 1531 y se llevaron al mayor número de normalistas que están desaparecidos hasta hoy.
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También está registrada la participación de la policía de Iguala en la persecución contra normalistas en las colonias Pajaritos y 24 de Febrero.
En 2018, en su última recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró la participación de la policía de Iguala en el ataque al autobús en el que viajaba el equipo de futbol Los Avispones, en el que murieron David Josué García Evangelista y el chofer Víctor Lugo. Hubo también 21 heridos, entre ellos Miguel Ríos Ney, lesionado de bala por la policía de Iguala.
La Policía de Iguala desde antes funcionaba con muchas irregularidades como se ha documentado durante este tiempo. Por ejemplo, la CNDH en su recomendación sobre el caso Ayotzinapa registró que 22 de los 52 policías detenidos no estaban inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, y de los 30 que sí estaban registrados, sólo 25 contaban con los exámenes de control y confianza.
Esas irregularidades puede que sean pequeñas en comparación con esta: dentro de la policía había un grupo de reacción inmediata denominado Los Bélicos, 40 personas que salían a la calles encapuchados, vestidos de negro sin el uniforme oficial y, como se ha documentado, estaban al servicio de la organización criminal Guerreros Unidos.
De ellos, 25 fueron detenidos por la desaparición forzada de los normalistas. De esos 25, 11 no estaban inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, como lo documentó la CNDH. De estos 25, un juez federal liberó a ocho según la Fiscalía General de la República (FGR).
Una oportunidad perdida
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, considera que se perdió la oportunidad para que Iguala se convirtiera en un ejemplo de cómo corregir.
Por una parte, las autoridades no desmantelaron a las organizaciones criminales que ahí operaban y por otro, no se gestó un movimiento social.
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“No fuimos capaces de gestar un movimiento social, los colectivos de desaparecidos se quedaron cortos, no hubo alianza con otras organizaciones, no hubo articulación.
“Si se hubiera logrado un movimiento se pudieron haber exigido nuevas condiciones para Iguala, se pudo haber impedido que se volvieran a establecer esas complicidades entre el ayuntamiento, la policía y grupos económicos con el crimen. Las autoridades tomaron el control de la seguridad unos meses, pero después se fueron y volvieron los poderes fácticos con alianzas con nuevos grupos delictivos, y ahí está la violencia azotando igual o peor que antes”.