Cuernavaca, Mor.- A pesar de que del 2012 al 2021 se han registrado más de 20 crímenes de odio, los diputados locales no han aprobado las reformas al Código Penal de Morelos para que estos sean tipificados como delitos, lamentó el representante de la comunidad de la diversidad Sexual, Isidro Añorve Sánchez.
En el marco del Día Internacional del orgullo LGBT, dijo que en Morelos no hay un marco jurídico o legal en el Código Penal que permita a la Fiscalía General del Estado (FGE), investigar estos casos como feminicidio.
Añorve Sánchez acusó que los diputados locales fueron pocos efectivos en temas de la diversidad sexual, específicamente, para tipificar los crímenes de odio que se quedó en medio de pugnas políticas.
“Hubo la disposición para sacar otras como fue la Ley orgánica municipal para que las direcciones fueran obligatorias y las terapias de conversión ya son tipificadas; sin embargo, esa en específico no vio la luz y si hubiera visto la luz el escenario de lo ocurrido en Temixco el martes sería distinto, porque se hablaría de la posibilidad de que la Fiscalía inicie una investigación por crimen por odio y a lo más que se puede aspirar es que la investigación vaya por la línea de feminicidio, al no haber una figura de crimen de odio”, dijo Añorve Sánchez.
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Tras los hechos en los que fue asesinado José Miguel “N”, mujer trans identificado como “Valentina Sodi” en un bar de su propiedad en Temixco, exigió a la Fiscalía el esclarecimiento de lo que califican como “transfeminicidio".
Añorve Sánchez señaló que Valentina Sodi fue la impulsora de la primera marcha de la diversidad sexual en Temixco y la impulsora del matrimonio igualitario en su municipio.
Por otra parte, organizaciones sociales anunciaron el proyecto "Incorporación con Enfoque de Diversidad Sexual en los centros de Internamiento para adolescentes en conflicto con la ley”.
Denisse Rentería Cervantes, representante de la organización "ALGARAZA", dijo que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), al cierre del 2021, había 220 mil 419 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales y estatales de los cuales 219 mil 27 son adultos y mil 392 son adolescentes, y de los cuales 8 mil 719 personas se identifican como LGBTQ+.
Los estados con mayor proporción de personas privadas de la libertad que se identifican como homosexuales, bisexuales o personas trans son Jalisco, Colima, Morelos, Tabasco y Yucatán.
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Explicó que el proyecto tiene como objetivo incorporar el enfoque de diversidad sexual en centros de internamiento para adolescentes, ya que la población LGBT privada de la libertad constituye un grupo en situación de vulneración que requiere estrategias de restitución de derechos específicos.
Como parte del proyecto de investigación, dijo, se hicieron entrevistas a adolescentes privados de la libertad, personal administrativo y personal de custodia penitenciaria.
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