Oaxaca de Juárez.– Ante la desorganización, aglomeración de personas y caos que ha imperado en el proceso de vacunación contra Covid-19 de adultos mayores de la ciudad de Oaxaca y la zona conurbada de la capital, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a los tres órdenes de gobierno “a generar mecanismos que garanticen el derecho humano a la salud y antepongan la dignidad de las personas”.
Lo anterior lo expuso el órgano autónomo luego de la cancelación de las jornadas en 11 municipios de la zona conurbada y las reiteradas aglomeraciones de personas en centros de vacunación, misma que constató a través de la vigilancia que realiza de la actuación de las autoridades mediante brigadas de personas defensoras que acudieron a las sedes de la capital del estado, “para verificar que las condiciones en las cuales se llevó el proceso fueran respetuosas de los derechos humanos de las personas”.
Según la Defensoría, la vacunación es un derecho humano de todas las personas, que se traduce no sólo en la aplicación de la vacuna, sino también “que se pueda contar con información clara y sencilla sobre el proceso, de igual forma, que las instalaciones y servicios de salud sean accesibles, especialmente a los más vulnerables, sin discriminación de ningún tipo”.
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Por ello se pronunció porque la estrategia operativa inmediata que establezcan las autoridades responsables en las diferentes regiones de la entidad, “resulte eficiente y no implique riesgos para la salud de las personas, sobre todo de las adultas mayores y sus familiares”.
Sostuvo que las autoridades tienen el deber de dar a conocer fechas, lugar, número de vacunas disponibles por cada uno de los centros, así como la logística antes y durante el proceso. En Oaxaca, ha insistido el gobierno estatal, todo el proceso de aplicación ha sido coordinado por el gobierno federal.
Mientras que ante la cancelación o reprogramación de una jornada de vacunación “es fundamental informar de manera inmediata a las personas, mediante mecanismos ágiles y eficientes de comunicación a efecto de evitar desinformación, concentraciones masivas y la exposición que estas actividades conllevan”:
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También pidió a las autoridades municipales garantizar la seguridad sanitaria de las personas que habitan en sus comunidades durante estas jornadas de vacunación y evitar “ser ellos mismos precursores de conglomeraciones que pongan en riesgo a su propia población”.
La Defensoría advirtió que la vacunación anti Covid-19 debe “garantizar el derecho a la salud de las personas, además de impulsar la reactivación escolar y económica, de tal forma que el proceso, bajo ninguna circunstancia debe politizarse”.
Por ello llamó a autoridades, servidores públicas, partidos políticos y ciudadanía en general a “ser sensibles al momento histórico en que vivimos y no utilizar estas jornadas de vacunación con fines distintos a los de procurar la salud de toda la población” y a anteponer la dignidad de las personas en el proceso de vacunación, “frente a cualquier otro interés particular o político”.
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