Más Información
Ayer, tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sinhue Rodríguez, respectivamente, señalaron que la cortina de la presa El Zapotillo, construida sobre el río Verde, en Los Altos de Jalisco, no será demolida, como exigen los habitantes de las tres comunidades que serían inundadas por esta obra.
“No se decidió [si la cortina llegará a 105 metros de altura], lo que se acordó hoy es importante, que se va a escuchar a todos. El diálogo sigue abierto, quedó claro que no es una obra que hicimos nosotros, pero que ya está ahí, que es totalmente inviable y absurdo pensar en demolerla”, señaló Alfaro, quien durante su campaña se opuso a la inundación de los tres pueblos a causa de esa presa.
Actualmente, la cortina se encuentra a 80 metros de altura, como lo contemplaba el proyecto original, y la lucha legal de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo logró detener la construcción en ese punto, pues el gobierno federal, durante la administración de Felipe Calderón, autorizó elevar la cortina a 105 metros y construir un acueducto para llevar agua a León, Guanajuato.
En julio pasado, tras visitar Temacapulín, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, consideró que la obra es inviable, pero afirmó que la decisión de cancelarla o no corresponde al Ejecutivo.
Argumentando que la construcción ya está hecha y que es la única opción para resolver los problemas de abasto de agua en la región, hace unos meses Alfaro y Rodríguez firmaron un “acuerdo de entendimiento” para el reparto del agua que se almacenaría en la presa.
Según Alfaro, la decisión del Presidente de no demoler la cortina es fundamental y a partir de eso se trabajará en llegar a un acuerdo con los habitantes afectados.
Después de la reunión con los gobernadores, López Obrador se reunió con una comitiva de los perjudicados por la presa, quienes expusieron al Mandatario sus argumentos para demostrar la inviabilidad de la obra y plantearon la creación de un nuevo decreto presidencial que reconozca el derecho humano de los mexicanos a la alimentación y para producir alimento.
Pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo —en Los Altos de Jalisco— acusaron que construir una presa como El Zapotillo daría pie a la privatización del agua, además de que tenía un costo inicial de 7 mil 900 millones de pesos y, de concluirse, el gasto total sería de 70 mil millones.
