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Juchitán.— Con la intención de “brindar certeza a los inversionistas” que decidan instalarse en los parques industriales que se asentarán a lo largo de la ruta Trans- ístmica, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, el órgano Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) decidió promover la compra de tierras en comunidades habitadas por pueblos indígenas, en lugar de rentárselas o convertir a los dueños en socios de los empresarios, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así es como Rafael Marín Mollinedo, titular del CIIT, explica a EL UNIVERSAL la negativa que han recibido campesinos del Ist- mo de Tehuantepec que, durante asambleas en las comunidades, han expresado su intención de que no se les despoje de sus tierras y en cambio puedan convertirse en socios de las empresas que se instalen en los denominados Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), tal y como lo prometió AMLO en julio de 2020, en el puerto de Salina Cruz.
“Si se trata de ejidos, de tierras comunales, que se hable con la gente, que no sólo se les compre, sino que se les ayude para que sean socios, que formen parte del proyecto”, dijo el Presidente.
Al respecto, Marín Mollinedo asegura que con la decisión de no asociar a los campesinos se busca dar certeza a los empresarios de que podrán trabajar a largo plazo, pero también a los dueños de las parcelas de que se les pagará un precio justo, dado que el Programa para el Desarrollo Integral del Istmo funge como mediador del proceso de compra-venta que realiza el CIIT.
Desde marzo de 2019, cuando el gobierno federal convocó a través de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) a una serie de consultas a los habitantes de pueblos originarios en busca de su aval para modernizar el Tren Transístmico, se delineó la posibilidad de instalar en esa franja de 300 kilómetros, que une a los océanos Pacífico y Atlántico, 10 parques industriales.
En dichos parques, cinco de ellos en Oaxaca, el gobierno federal proyecta la instalación de empresas de distintos giros como agroindustria, textiles y hasta automotriz —aunque asegura que no se han definido— en terrenos que tienen distintos orígenes, como donaciones o que ya eran federales, pero la mayoría son tierras de campesinos.
Es por ello que desde 2019 se realiza una consulta indígena con las comunidades. Asegura que la intención es alcanzar acuerdos “por la vía del diálogo con los istmeños”, dado que hay sectores que se resisten a la venta de las tierras y acusan que dichas consultas se realizan “a modo”.
Mientras esto sucede, Marín Mollinedo señala que “se trabaja en una estrategia con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard, para hacer una campaña de difusión en las embajadas mexicanas en otras latitudes del mundo y así atraer proyectos acordes a la filosofía del Programa Istmo. Estamos buscando empresas que compartan la visión y el compromiso social y económico del programa, de equilibrar las utilidades con la inclusión”.
Inversionistas, la prioridad
Para Carlos Beas Torres, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas (Ucizoni), y uno de los principales núcleos de resistencia contra este megaproyecto, la prioridad de Andrés Manuel López Obrador siempre ha estado en los capitales nacionales y extranjeros, y no en las necesidades de los pueblos indígenas, que serán los que absorban el impacto del corredor industrial.
Señala que “la 4T tiene prisa para imponer la venta de tierras mediante consultas simuladas”.
Gerardo de Gyves, uno de los que solicitaron formalmente en la asamblea de Ciudad Ixtepec que se retome la propuesta del Presidente para que los campesinos sean considerados socios y no sean despojados de sus tierras, la postura de Marín Mollinedo debería girar en torno a que el Estado sea el que dé la certeza.
“Con la venta de tierras, por las que el CIIT está ofreciendo entre 200 mil y 250 mil pesos por hectárea, no se beneficiarán todos los ciudadanos, sino sólo los propietarios de las parcelas. Si los inversionistas quieren certeza, ¿acaso el gobierno mexicano no dispone de las herramientas para brindárselas desde el esquema de la asociación?”, cuestiona.
