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Veracruz.— El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (PAN) solicitó nuevas órdenes de aprehensión en contra del ex mandatario priísta Javier Duarte de Ochoa, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Los nuevos mandamientos judiciales obtenidos por la Fiscalía General del Estado ocurren después de que Duarte de Ochoa presentara una denuncia penal en contra del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, por difundir presunta información falsa en su contra.
Las órdenes de aprehensión le fueron notificadas por el juez a Duarte de Ochoa en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, donde se encuentra preso acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Yunes Linares acusa a Duarte de haber utilizado indebidamente un helicóptero del gobierno cuando ya no era gobernador; de no haber hecho entrega recepción, y de desviar presuntamente 220 millones de pesos de la Comisión Estatal de Agua.
En un comunicado, la fiscalía informó que la noche del pasado 14 de mayo se hicieron efectivas dos órdenes de aprehensión, mandamientos judiciales que “fueron obtenidos por la fiscalía veracruzana en 2017”.
La dependencia detalló que las ejecuciones judicial derivan de las autorizaciones emanadas del proceso de extradición, en el cual se autorizó al gobierno de Veracruz poder ejecutar las órdenes de aprehensión libradas en su contra por jueces del estado, una vez extraditado a México.
En seguimiento al proceso penal 38/2017, instruido por los delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, y del proceso penal 56/2017, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, el Juez de Control establecerá la fecha próxima en la que se llevará a cabo la audiencia inicial.
En la audiencia, la autoridad ministerial formulará la solicitud de legalización de la detención, imputación e implementación de las medidas cautelares.
Al ex mandatario se le imputan los hechos ocurridos el pasado 14 de octubre de 2016, cuando ocupó una aeronave propiedad del gobierno del estado para realizar un asunto particular, cuando ya no se encontraba en funciones como gobernador, cuya licencia al cargo fue emitida en fecha 12 del citado mes y anualidad.
Asimismo, que en su momento no cumplió con la obligación de efectuar la entrega oficial de bienes que se encontraban bajo su responsabilidad, a su sucesor, toda vez que no existe archivo de ello.
A su vez, se le imputa la probable comisión de emitir una orden de transferencia de 220 millones de pesos que serían destinados a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), los cuales instruyó que se transfirieran a una cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación, sin importar que eran recursos debidamente etiquetados para fines específicos distintos, hechos ocurridos en 2014.
