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Habitantes de pueblos originarios de Morelos y Oaxaca son los principales frentes de resistencia legal contra obras insignia que desarrolla el gobierno federal: la termoeléctrica de Huexca y el Corredor Interoceánico del Istmo.
En ambos casos el reclamo es el mismo: no se les ha consultado sobre megaproyectos que impactan directamente en su territorio.
Pese a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado consultas sobre ambos proyectos, acusan que en ninguna de ellas se ha cumplido con los protocolos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para consultar a los pueblos indígenas.
Las comunidades coinciden en que se vulneró su derecho a la consulta previa, libre e informada, entre otras anomalías, como la ausencia de información en lenguas originarias y traductores.
La resistencia. La razón para que habitantes de pueblos mixes y zapotecas y autoridades comunitarias de Oaxaca hayan procedido por la vía legal contra el Proyecto Transítsmico se debe a que consideran que se trata de “la imposición de un proyecto que por su diseño y enfoque beneficia a intereses extranjeros”, dice Carlos Beas, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Unizoni).
Estas acciones incluyen tres amparos contra la consulta realizada en marzo pasado, y de los cuales a cinco meses aún no se determina su procedencia, y tres más contra el decreto presidencial que creó el organismo denominado Corredor Interoceánico y que sí fueron aceptados, todos radicados en el Juzgado Sétimo en Salina Cruz.
Todos los amparos fueron solicitados por habitantes de comunidades impactadas como San Juan Guachicovi y Palomares, agencia de Matías Romero. Sobre el avance de los amparos, el asesor asegura que avanzan con lentitud.
En el caso de la termoeléctrica de Huexca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que agrupa a comunidades nahuas, ha conseguido las primeras victorias importantes.
Entre mayo y julio un juez otorgó la suspensión de plano al ejido de Amilcingo sobre la operación del Gasoducto Morelos, medida que protege a 60 comunidades afectadas, “pues el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a termoeléctrica en Huexca”, dijo el FPDTA.
La otra victoria fue que un Tribunal Colegiado determino que no se debieron desechar las quejas presentadas por ocho comunidades contra la consulta. Sobre el tema, Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, asegura que son las organizaciones las que se oponen a los proyectos federales, pero que el gobierno tiene el respaldo de los habitantes de a pie.
Carlos Beas, asesor de Unizoni, y Elena Yásnaya Gil, lingüista y activista de la cultura ayuujk (mixe) coinciden en que la relación de los pueblos indígenas con el Estado sigue siendo de resistencia.
“Antes no se nos preguntaba, pero ahora la consulta es un método para legitimar los proyectos”, dice Beas, quien agrega que el autoritarismo y la simulación continúan y recuerda la “votación” a mano alzada que realizó el Presidente en Juchitán, rodeado de emplados de gobierno y simpatizantes.
A su vez, la especialista dice que desde el gobierno se ha ignorado toda la organización comunitaria de los pueblos para consultarlos sobre los megaproyectos.
La situación es aún más compleja, explica, porque existe una apropiación de elementos simbólicos para legitimar las decisiones y los proyectos y neutralizar las denuncias de las violaciones a los derechos de los pueblos originarios.
Yásnaya Gil agrega que por la popularidad del Presidente se dejan pasar cosas que nunca se hubieran permitido a otros gobernantes.
