La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) propuso una reforma a la ley que le dio origen para reforzar su autonomía, estar acorde a las nuevas necesidades estudiantiles y sociales y armonizarse a preceptos federales y constitucionales.
Tras 25 años de permanecer sin cambios, el Consejo Universitario aprobó las propuestas de un grupo de trabajo institucional para llevar a cabo la revisión, actualización y armonización de la Ley de la BUAP.
Se trata de una reforma que las autoridades universitarias, encabezadas por Lilia Cedillo, consideran impostergables, pues incluyen la igualdad sustantiva, medio ambiente y transparencia, entre otros temas de avanzada que quedaron rebasados en el actual ordenamiento legal de la casa de estudios.
La rectora recordó que esta propuesta emana de la necesidad de armonizar la ley, dadas las últimas modificaciones constitucionales en materia de educación y calificó de trascendentes estos cambios, pues incluyen derechos humanos, así como el compromiso de preservar el medio ambiente.
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La decisión del Consejo Universitario permitirá que la rectora solicite al titular del Poder Ejecutivo hacer suya la propuesta y enviarla al Congreso del Estado para su análisis y, de haber consenso, su aprobación.
La reforma y adiciones a la Ley de la BUAP está precedida de una consulta entre la comunidad universitaria, que se llevó a cabo mediante una plataforma a partir del trabajo de una comisión institucional.
El último cambio a dicha ley fue el 10 de diciembre de 1998, cuando el Congreso del Estado resaltaba el carácter fundamental de la autonomía universitaria y establecía diversos artículos que garantizaban su autonomía.
Con la nueva propuesta, se busca incluir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; el combate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, especialmente contra las niñas y las mujeres, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.
Así como el respeto, cuidado y preservación del medio ambiente y la biodiversidad; los valores como la igualdad, la justicia, la solidaridad, la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos; la a igualdad de oportunidades para que las personas puedan tener acceso a la educación superior.
Además de la formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en las modalidades escolarizada y alternativas; y la preservación, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores de las diversas culturas.
La decisión institucional de proponer reformas y adiciones a la Ley, detalló la BUAP, obedece a la necesidad de actualización y armonización normativa conforme a las orientaciones internacionales en materia de educación y los compromisos que surgen de la Ley General de Educación Superior.
Y es que un diagnóstico advirtió aspectos que afectan el desarrollo de la Universidad, algunos factibles de corrección, pero otros de fondo, que afectan la autonomía, como en el caso del artículo 3, que se propone derogar, en el cual se señala a la universidad como organismo constitucionalmente autónomo, lo cual ha generado diversas repercusiones porque se le atribuyen obligaciones propias de órganos u organismos que fueron creados por la Constitución y otros similares creados en las constituciones estatales como el INAI, el INEGI, el Banco de México, el CONEVAL o el INE.
Además, con objeto de evitar actos discriminatorios por razón de edad, según lo establecido en la constitución se elimina la edad máxima como requisito para ocupar el cargo de la Rectoría.
afcl