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El Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció la desaparición de tres de sus integrantes y jornaleros, Nicolás Rodríguez Díaz, Ángel Villalba Salvador y Marcelino Hernández Tecorral, cuando se dirigían de Chilpancingo hacia su comunidad, Zacapexco, en Chilapa.
En un comunicado, la organización, que tiene sede en los pueblos ubicados en el corredor que comienza en la comunidad de Atzacoaloya, en Chilapa, y terminan en el municipio de José Joaquín Herrera y que desde hace más de tres años ha denunciado el hostigamiento de la organización criminal Los Ardillos, informó de la desaparición de sus compañeros.
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En el texto el Cipog-EZ, cuentan que jornaleros venían llegando a Guerrero después de haber estado en Sinaloa y se trasladaban de Chilpancingo a Chilapa y de ahí a su comunidad, Zacapexco.
Los tres se subieron a un urvan de la ruta Chilpancingo – Chilapa y desde ahí perdieron contacto con ellos.
“Responsabilizamos al presidente (municipal de Chilapa) Aldy Esteban Romá, a los síndicos Nestor Parra Domínguez y Rosa Elena Chávelas Gutiérrez por la desaparición de los compañeros y la permisibilidad de todos los asesinatos, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad que se perpetran en contra de los pobladores indígenas”, demandan en el comunicado.
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El Cipog-EZ denunció que el pasado domingo, asesinaron a balazos a dos de sus integrantes cuando cargaban gasolina en Chilapa.
De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 11 de la mañana del domingo, en la gasolinera Jardines, ubicada en el bulevar Eucaria Apreza, la avenida principal de Chilapa, asesinaron a balazos a un hombre y a su hijo, un adolescente.
Los dos hombres fueron identificados como Esteban de 40 años y Juan de 16 años, quienes se dirigían a la comunidad de Xochitempa, ubicada en el corredor que defiende el Cipog-EZ.
El padre como el hijo fueron identificados como integrantes de Cipog-EZ.
Tras los asesinatos, a través de un comunicado, el Cipog-EZ responsabilizó a Los Ardillos del crimen y exigió al gobierno del estado justicia.
“Nos están asesinando y ningún gobierno llámese municipal, estatal o federal nos protege”, denunció.
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