La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Nayarit declaró ayer procedente la renuncia presentada por el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, investigado por la fiscalía del estado, por su presunta participación en el fraude con el que Infonavit despojó de sus viviendas a por lo menos 60 mil derechohabientes en al menos ocho estados del país.
Al formalizarse la renuncia del magistrado, que aún debe ser avalada por el pleno del Congreso, Enríquez Soto perderá el fuero con el que cuenta y la fiscalía podría ejecutar en su contra una orden de aprehensión.
De acuerdo con la investigación, el magistrado fue señalado por trabajadores del Poder Judicial que lo acusaron de permitir que despachos jurídicos contratados por el Infonavit se convirtieran en una especie de juzgados alternos en los que se maquilaban miles de juicios en favor del instituto de vivienda par que después sólo fueran firmados por algunos jueces.
Además, en octubre de 2013 el entonces titular de la Dirección Jurídica de Infonavit, José Lorenzo Natera, y el magistrado Enríquez Soto, quien entonces presidía el Poder Judicial del estado, firmaron un convenio. En él hay un compromiso de brindar facilidades de “economía procesal” al Infonavit para la recuperación de 25 mil casas.
Dicho convenio es considerado irregular por el actual titular del Poder Judicial de Nayarit, Ismael González Parra, quien asegura que a pesar de que existe registro del documento, nunca pasó por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia para ser aprobado y no fue publicado en el Periódico Oficial.
En febrero pasado, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia suspendió de su cargo a los magistrados Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado como medida cautelar para la investigación y aunque Enríquez Soto sigue combatiendo esa decisión en un juicio de amparo que hasta ahora ha sido negado, presentó su renuncia el martes pasado.
