Monterrey.- Tras señalar el riesgo de violencia y desaparición de poderes en Nuevo León, ante una situación de ingobernabilidad, el Congreso del estado advirtió al secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, que incurriría en usurpación de funciones si trata de continuar como encargado del despacho del Ejecutivo estatal a partir del primer minuto del próximo 2 de diciembre.
Asimismo, al secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, le indicó que caería en desobediencia contra su jefe inmediato superior además de otros delitos que le resulten, sí mediante el uso de la fuerza pública, trata de impedir que el próximo dos de diciembre asuma el gobernador interino que designe la Legislatura local, como ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN, externó su preocupación por las “delgadísimas palabras” que expresó el secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, en el sentido de que un juez de distrito ordenó usar Fuerza Civil para que el secretario de Gobierno, Javier Navarro, continúe como encargado del despacho de la gubernatura a partir del dos de diciembre.
Recordó que ya el propio Navarro había señalado esa posibilidad, “para proteger su atrincheramiento a partir del dos de diciembre”, como pretende Samuel García, desde que solicitó y obtuvo su licencia el pasado 25 de octubre, y donde se le concedió el permiso de ausencia por seis meses, pero se rechazó su propuesta de que el Secretario General de Gobierno quedara como encargado del despacho, designándose como gobernador interino por mayoría de votos (del PRI y el PAN), al presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Arturo Salinas Garza, iniciándose a partir de entonces una serie de litigios, controversias constitucionales y recursos promovidos por el Congreso y el gobierno estatal.
Carlos de la Fuente responsabilizó de esta situación al gobernador constitucional, Samuel García, porque “prometió que no abandonaría la gubernatura para buscar un proyecto presidencial, pero incumplió a todos los nuevoleoneses y pidió licencia para ir en busca de su sueño guajiro de ser presidente de la República.
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Después, agregó, contra lo que señala la Constitución del Estado, García Sepúlveda pretendió dejar como encargado de despacho durante los seis meses de su licencia a Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno, siendo que para una separación del cargo por seis meses se necesita una licencia del Congreso, que además debe designar a un gobernador interino.
Carlos de la Fuente dijo que el mandatario estatal, que el lunes inició su precampaña por la presidencia abanderado por Movimiento Ciudadano, pretendía dejar como encargado de despacho a Javier Navarro hasta el dos de junio de 2024, o en su defecto que el Congreso lo designe como gobernador interino, “porque quiere utilizar los recursos públicos de todo el pueblo de Nuevo León, la chequera del gobierno del estado, para pagar su campaña presidencial”.
Y en ese afán, García Sepúlveda sigue peleando que le corresponde a él dejar a un encargado del despacho, tanto así que Javier Navarro fue por una suspensión de amparo a Reynosa, y se la otorgaron para que se quedara, si el interino nombrado por el Congreso Arturo Salinas no era viable,
Pero la misma suspensión establece que se respete el ejercicio del encargado de despacho del Poder Ejecutivo, “hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia o bien el TEPJF, en el ámbito de sus competencias, resuelvan en definitiva sobre el impedimento respectivo o bien determinen la forma en que deberán quedar las cosas”, dijo De la Fuente.
Pero ese amparo ya no tiene ninguna validez y Navarro lo puede usar para encender una fogata cuando vaya de cacería, porque la Corte y después el Tribunal Electoral determinaron que no era viable la designación de Arturo Salinas como gobernador interino, pero al mismo tiempo resolvieron que corresponde al Congreso designar a otro, cuidando cumplir con lo que señala la ley en cuanto a su elegibilidad para el cargo.
Por eso es muy delicado lo que dijo el secretario de Seguridad de que va a utilizar a Fuerza Civil para resguardar al Secretario de Gobierno como encargado del despacho. “Le hacemos un llamado, al Secretario de Seguridad, si sucede un tema de violencia entre poderes, hoy el responsable se llama Gerardo Palacios Pámanes”.
Agregó que, si el dos de diciembre la Fuerza Civil impide tomar posesión a quien se determine y se le tome protesta como gobernador interino, “este señor (Palacios Pámanes) va a caer en un problema, por utilizar la fuerza en contra del gobernador interino de Nuevo León, estaría violentando a su autoridad superior, un secretario del gabinete no puede nunca insubordinarse e ir contra su jefe inmediato, el gobernador”.
Mientras, el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, caería en usurpación de funciones, si pretende ocupar el despacho del ejecutivo, a partir del primer minuto del dos de diciembre.
El coordinador de la bancada panista advirtió, “que les quede muy claro, porque esto ya va a ser un proceso judicial y penal en contra de ambos funcionarios, y que sepa muy bien el pueblo de Nuevo León a donde nos está llevando el Secretario General de gobierno, a que las esferas nacionales volteen a ver a Nuevo León y entonces sí, y a que el Senado pueda solicitar desaparición de poderes en Nuevo León por este tipo de actitudes del Secretario General de Gobierno.
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Respecto a la afirmación que en días pasados hizo Samuel García de que instruyó a Javier Navarro para buscar un acuerdo político con el Congreso para zanjar las diferencias y buscar un perfil de gobernador interino que beneficie la gobernabilidad en el estado, señaló Carlos de la Fuente, que no hubo ningún acercamiento, “pues todo lo que dice Samuel es mentira, él ya no está en la gubernatura; el que prometió que no se iba a ir ya se fue, y el que iba a negociar no negoció”.
El secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, expresó por su parte, que él recibió una orden de un juez federal y también el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, para que hagan todo lo necesario para proteger el derecho que tiene Javier Navarro de hacerse cargo del despacho del Ejecutivo.
En este momento, señaló, no ha sido notificado de que esa resolución del juez federal de Reynosa haya quedado sin efecto, “por lo cual estoy obligado, como autoridad responsable o demandada dentro de un juicio indirecto”.
Acotó que en este momento hay cuestiones o actos jurídicos que van a suceder de aquí al dos de diciembre, y hay que esperar cómo se resuelven; pero si no hay cambios en la situación actual, está obligado a hacer lo necesario para garantizar los derechos del secretario de Gobierno, como determinó el juez federal.
Pero, expresó finalmente “hago votos porque prime la civilidad y no sea necesario llegar a estos extremos”.
afcl