Cuernavaca.— La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del estado se dijo preparada para recibir y analizar, con apego a la ley, las tres solicitudes de formación de causa que presentó la Fiscalía Anticorrupción en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito.
La presidencia de la Mesa Directiva informó que las solicitudes fueron ratificadas por la Fiscalía Anticorrupción, y hasta ayer se encontraban en la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios en espera de pasar al pleno. De ahí serían turnadas a la Junta Política y de Gobierno (JPyG), máxima autoridad del Legislativo.
La junta está representada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias, y es considerada el filtro más importante para definir el curso de los asuntos y su pase al pleno; sin embargo, se encuentra acéfala desde diciembre pasado, tras la destitución de la presidenta Paola Cruz Torres, coordinadora de la bancada de Morena.
La legisladora explicó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que el caso de desafuero del gobernador es complicado porque actualmente no existe la Junta Política y es el organismo clave en este asunto.
“Para aprobar temas delicados se requiere una votación ponderada y la suma de 14 sufragios. Actualmente, ninguno junta esos 14 votos, porque hay un bloque que tiene 11 diputados y otro que tiene ocho”, expuso.
Cruz Torres fungió como presidenta de la JPyG hasta diciembre pasado, cuando el PAN y sus aliados (MC, PRI y Nueva Alianza) hicieron uso de su mayoría —11 de 20 legisladores— para suspenderla como titular de la junta y reestructurar las comisiones parlamentarias con predominio de sus diputados.
En esta coyuntura, la legisladora morenista convocó a sus pares del G-11 a entender que es momento de llegar a la conciliación y al acuerdo.
La diputada afirmó que frente a un escenario en el que se active la JPyG bajo su tutela, lo primero que se haría, en el caso de las solicitudes de formación de causa contra el gobernador, sería estudiar a fondo el sustento jurídico de las peticiones para determinar si proceden o no.
En caso de que la JPyG dictamine procedentes las solicitudes, pasarían a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, presidida por el legislador Arturo Pérez (Morena), único diputado sin identificación plena con los grupos en pugna.
Una vez que los expedientes se encuentren en esa comisión, actuaría como Comisión Instructora del Procedimiento, y el tratamiento será apegado a la ley, sin intereses partidistas o políticos, mencionó: “Desde mi responsabilidad, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado no actuará con revanchismo. Hay cuestionamientos políticos que son naturales y respetados, pero revanchismos no”.
