Monterrey.— Ante el llamado que hizo el mandatario estatal Samuel García para que el Congreso de Nuevo León le apruebe la Ley de Ingresos 2024 y exista garantía del 100% en las transferencias de recursos para los poderes Legislativo y Judicial, así como para los organismos autónomos, el Congreso estatal exhortó al gobernador a enviar cuanto antes el paquete fiscal completo (Ley de Ingresos y Ley de Egresos).
En noviembre pasado, García Sepúlveda solicitó a la 76 Legislatura que aprobara la Ley de Ingresos de 2024 que presentó, la cual incluía que autorizaran cobros de derechos, por ejemplo, placas, licencias, control vehicular, registro catastral y una solicitud de deuda de 12 mil millones de pesos, según Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN.
Una vez que esta fuera aprobada se mandaría la Ley de Egresos, es decir, la distribución o asignación de recursos a todos los organismos autónomos: Auditoría Superior del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de Transparencia (Infonl) y dependencias estatales; sin embargo, los legis- ladores no le aprobaron la primera parte del paquete fiscal y pidieron sea enviado por completo.
En este contexto, la diputada priista Perla Villarreal Valdez, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, expresó que están listos para recibir el paquete fiscal completo, es decir, que también envíe la Ley de Egresos.
“Primero es muy importante dejar en claro que este Congreso nunca se ha negado a analizar la iniciativa de Ingresos que el jefe del Ejecutivo estatal presentó, tan es así que se aprobó ampliar el periodo ordinario de sesiones que concluía el 20 de diciembre para que en los siguientes 30 días el gobernador presente el paquete fiscal y no lo hizo. No sólo es irresponsable, sino hasta ilegal que se apruebe mocho el presupuesto del estado”, expuso.
Agregó que “la Ley de Disciplina Financiera es muy clara, y ordena que todo paquete fiscal debe contar con un balance presupuestario, es decir, con un ingreso y con un egreso, es así como se debe analizar, en conjunto, no por separado”.
A su vez, Ricardo Canavati Hadjopulos, presidente de la 76 Legislatura, puntualizó que la falta de entrega de los recursos por parte del gobierno de Nuevo León a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos, no estaría pasando si el gobernador hubiera enviado completo el paquete fiscal desde el año pasado.
Sin embargo, convocó a ver este “mal episodio” como un área de oportunidad y reconciliación: “Estamos listos para recibir al gobernador o al tesorero del estado con la Ley de Egresos 2024, llevemos a cabo las reuniones que de manera puntual se llevaban en años anteriores, donde se nos comunicaba el por qué de cada renglón, no dejemos pasar más tiempo, donde los únicos afectados son los ciudadanos de Nuevo León”, dijo Canavati.
Perla Villarreal recordó que además de la Ley de Egresos 2024, el gobernador no presentó las reformas que año tras año deben ser actualizadas como la Ley de Hacienda del Estado y Ley de Coordinación Hacendaria.
El 15 de abril, los poderes Legislativo y Judicial, así como los mencionados organismos autónomos denunciaron que por órdenes del gobernador, la Tesorería sólo transfirió 60% o 70% de los recursos que les corresponden cada quincena para el pago de nómina y gastos de operación, por lo que si para el viernes no deposita el faltante, a partir del lunes podría haber afectaciones para la población, al quedar impedidos de realizar algunas de sus actividades.
El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, declaró que el gobernador Samuel García y el tesorero Carlos Garza Ibarra, están violando la Ley de Disciplina Financiera, pues en su artículo 15 establece que sólo se pueden reducir las partidas presupuestales si disminuyen los ingresos, pero durante el presente ejercicio las participaciones han aumentado 25%.
Expresó que el mandatario podría ser sujeto de juicio político, pero los diputados no pueden promoverlo porque serían juez y parte, por lo cual puede presentar la solicitud cualquier ciudadano, así como las instituciones u organismos afectados.
El retraso en los pagos se presentó por primera vez el 15 de noviembre pasado, denunciaron las instituciones y organismos que sufrieron la medida “sin precedentes”, la cual calificaron como una decisión “de revancha política”.