Con 19 votos a favor y 3 en contra, el Pleno del Congreso de Quintana Roo aprobó diversas reformas al Código Penal local para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación , pese a los reclamos de grupos provida que intentaron entrar al recinto legislativo para impedirlo y manifestar su inconformidad.
Durante la madrugada de hoy, en la sesión 20, presidida por la diputada Mildred Ávila, se dio lectura a la iniciativa que para modificar los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones II, III y IV; adicionar un párrafo segundo y un tercero al artículo 92; y derogar el artículo 96, todos del Código Penal.
La propuesta fue presentada por integrantes del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y se resolvió como un asunto de obvia y urgente resolución, con la oposición de tres diputados: Cinthya Yamilie Millán Estrella, del Partido Acción Nacional (PAN); Candelaria Ayuso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Guillermo Brahms, del Partido Verde (PVEM)
Millán Estrella reprochó el “madruguete”, la ausencia de foros de debate, la premura y que no se turnase a comisiones para dictaminarse.
El coordinador de Morena, Humberto Aldana Navarro, afirmó que con las reformas el marco legal local, se homologaba con los reiterados criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han declarado inconstitucional de manera definitiva la criminalización del aborto.
El legislador aseguró que además se eliminaban las barreras legislativas que impiden el acceso de las mujeres al reconocimiento pleno de su derecho a decidir sobre su cuerpo, sin ser criminalizadas, “garantizando con ello los derechos humanos a la libertad, a la salud pública y al libre desarrollo de la personalidad que son inherentes a la convicción humana de todas las personas”.
Aldana Navarro propuso modificaciones en lo particular a su propia iniciativa, eliminando del texto la palabra “mujer”, para sustituirlo por el de “personas gestantes”, bajo el argumento erróneo de que mantener ambos implicaría un probable acto de “discriminación”.
Finalmente, con 19 votos a favor y tres en contra, la iniciativa fue aprobada a las 5:20 horas y establece en su artículo 92 que el aborto es la interrupción del embarazo “después de la semana 12 de gestación”; que el embarazo es el proceso de la reproducción humana que comienza “con la implantación del embrión” y que se entiende por “persona gestante” a cualquier persona con aparato reproductor femenino y, por ende, con capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia física u orientación sexual.
El artículo 93 fue modificado para efectos de castigar con cárcel a quien se procure un aborto o consienta que otro se lo provoque, después de las 12 semanas.
En cuanto al artículo 94 define el aborto forzado como la interrupción del embarazo en cualquier momento, sin el consentimiento de la persona gestante y se castiga con prisión, de 5 a 8 años.
“Si mediare violencia física o moral, se impondrá de 8 a 10 años de prisión y multa de mil a mil 200 días multa”, se lee.
El artículo 95 indica que si el aborto es “forzado” por médico, partero o enfermero, será además suspendido de su profesión de dos a cinco años.
El artículo 96 fue derogado y el 97 que versa sobre las causales que permiten el aborto, fue modificado.
En la misma sesión, se dio lectura a la iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 13 de la Constitución local y diversas disposiciones del Código Penal, del Código Civil y de la Ley de Salud, presentada por la diputada Alicia Tapia Montejo y el diputado Hugo Alday Nieto, del grupo legislativo del PT.
Alday Nieto solicitó que, en el análisis en comisiones se omitiese la parte penal pues ya se había aprobado en la iniciativa aprobada en el punto de acuerdo anterior, y que únicamente se entrará a analizar la propuesta de reforma a la Constitución local, al Código Civil y a la Ley de Salud.
Alday Nieto aclaró que la discusión no parte de una perspectiva moral, religiosa, de modas o de tendencias de grupos liberales o asociaciones conservadoras.
“Es un tema meramente de orden público, es poner en marcha nuestra obligación como legisladores. Esta Soberanía tiene la obligación de actualizar su marco jurídico y renovar el derecho acorde al impulso social y al Pacto Federal”, dijo.
Subrayó que las resoluciones de la SCJN han determinado que las mujeres tienen el derecho a decidir si recurren o no a la interrupción legal de su embarazo, mientras que la Corte ha determinado que la vida “no se protege desde la concepción”.
“La Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y a partir de ello adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes, resulta inconstitucional”, citó.
La propuesta fue turnada a Comisiones. La sesión de hoy se clausuró a las 5:39 horas de hoy.
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rdmd
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