Los diputados de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca no han iniciado los trabajos para crear la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada , pese que hace poco más de un mes un Tribunal judicial ordenó a los legisladores locales construir esta legislación de previa consulta a los pueblos indígenas del estado.
Mariana Yáñez Unda
, abogada de la asociación Litigio Estratégico Indígena , explicó que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de la Segunda Región , en Cholula , Puebla , en el expediente en revisión 833/2018 emitió sentencia el pasado 4 de abril de 2019 en la que ordena al Congreso de Oaxaca que construya dicha ley de consulta.
“En una histórica sentencia emitida en la sesión de cuatro de abril de 2019, el Tribunal ordenó que el Congreso de Oaxaca construya la ley de consulta previa, consultando a los pueblos indígenas y les fijó como plazo máximo hasta el día 30 de septiembre de 2019 ”, agrega.
La abogada, quien es la promotora del amparo para obligar a los legisladores oaxaqueños a crear esta legislación, manifestó que la sentencia es histórica porque por primera vez en el país, un órgano del Poder Judicial de la Federación ( PJF ) ordena a un congreso estatal crear una ley de consulta tan necesaria en estos tiempos en que se pretende realizar varios megaproyectos de desarrollo en México.
La dificultad del cumplimiento de la sentencia de amparo, explica la abogada, radica en que el procedimiento es inédito, por lo que no existen protocolos para consultar una ley de este tipo en México .
Es necesario, advierte Yáñez Unda, que el Congreso convoque a especialistas nacionales e internacionales en la materia, quienes en conjunto con líderes indígenas deberán construir el protocolo de consulta a la ley .
“Estamos ante un proceso inédito porque antes de construirse la ley de consulta debe construirse el protocolo de esa ley, por lo que debe conformarse un panel de expertos y representantes de los pueblos indígenas.”
Hasta el momento, apuntó la defensora de derechos humanos, el legislativo ha sido omiso en convocar al panel de expertos y existe el riesgo de que el Congreso haga una ley al vapor que no refleje las aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas o que sea francamente regresiva.
Yáñez Unda señala que la ley deberá ajustarse a los estándares de la sentencia de amparo y a los estándares internacionales , pues de no ser así, el PJF tendría por no cumplida la sentencia y ante el incumplimiento lo procedente es la destitución de los diputados y la puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Federación .
jabf