Los integrantes de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca condenaron la masacre ocurrida en el municipio de San Mateo del Mar, donde se confirmó el asesinato de 15 personas y un número indeterminado de heridos y desaparecidos, por lo que exigió “enérgicamente” al gobierno del estado garantizar la gobernabilidad y paz en esta zona “para que el pueblo Ikoots viva con seguridad y armonía”.
Lo anterior, después de que un choque entre dos grupos de habitantes de diversas agencias, en el cual uno se dirigía a una asamblea de análisis e información para organizarse de acuerdo a sus normas internas, misma que se llevaría a cabo en Huazantlán del Río.
“Expresamos nuestro pesar al pueblo ikoots, nos solidarizamos con el dolor de las víctimas y de las familias afectadas por este acto irracional de barbarie, y hacemos votos por la pronta recuperación de las personas heridas”, expuso en un documento la Junta de Coordinación Política, presidida por Horacio Sosa Villavicencio.
Los diputados consideraron que estos hechos podrían implicar un ataque directo “y por las vías más brutales” a las capacidades ciudadanas para intervenir en los asuntos de interés público. Por ello los diputados condenaron “la búsqueda de mantener el control social o político a través del terror, aspecto inadmisible en cualquier sociedad que, como la nuestra, aspira a considerarse democrática”.
El Congreso exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) una investigación pronta, completa, expedita e imparcial, que permita llevar a los responsables a la justicia para que hagan frente a las consecuencias de los delitos, “aun en la conciencia de que este agravio a un pueblo indígena es imposible de reparar”.
Según las primeras pesquisas de la fiscalía, entre las víctimas se encuentran 13 hombres y 2 mujeres, cuyos cuerpos presentan contusiones y quemaduras parciales. Hasta el momento se ha identificado a 4 hombres y una mujer.
Para los diputados, existe una responsabilidad del gobierno el estatal dado que la masacre tiene como antecedentes directos otros ataques recientes que implicaron tortura, privación de la libertad y homicidio en contra de habitantes de las agencias de San Mateo del Mar, por lo que señala que la administración estatal tiene la obligación de conciliar, acordar y resolver los conflictos.
“La omisión gubernamental también puede ser una política criminal, y tanto el Poder Ejecutivo como la Fiscalía tienen la obligación de identificar las responsabilidades de quienes no actuaron o no hicieron lo suficiente para evitar esta tragedia”, expone el documento.
Finalmente, el Congreso demandó que, en coordinación con las autoridades federales, se establezcan las condiciones de seguridad necesarias para que “el pueblo ikoots pueda desarrollar su vida de manera armónica, a fin de hacer justicia para castigar a los autores materiales e intelectuales de la masacre”.
afcl/rcr