Oaxaca de Juárez.—La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó las reformas constitucionales sobre pueblos indígenas y afromexicanos, y sobre la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); ambas, aprobadas por el Congreso de la Unión.
El dictamen en materia de Guardia Nacional fue aprobado con el voto de 34 diputados locales, mientras que dos votaron en contra.
Según la presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la LXV Legislatura local, Liz Hernández Matus, declaró que la Guardia Nacional es una corporación que ha sido “un instrumento eficaz para la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y la recuperación de la paz”.
La legisladora detalló que en la reforma se establece que la Guardia Nacional es fuerza de seguridad pública profesional, permanente, de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional; garantizar que la jurisdicción militar no se extenderá a personas que no pertenezcan a la Guardia Nacional y le corresponderá en el ámbito de su competencia, la persecución de los delitos sujeta al Ministerio Público.
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En la reforma se define a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública profesional, integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la faculta a la función de investigación de los delitos.
Asimismo, se transfieren a la Secretaría de la Defensa Nacional los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza; así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública.
En tanto que la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, ésta fue aprobada con 35 votos a favor de los diputados locales.
En esta reforma se establece la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en las decisiones que afectan sus territorios y recursos.
Hernández Matus aseguró que se busca revertir “las graves condiciones de pobreza, desigualdad, discriminación y exclusión estructural histórica en la que han sido sujetas y que se han traducido en agravios a sus derechos fundamentales, que su implementación no será fácil pero tampoco es imposible si todos apoyamos e impulsamos esta reforma como primer paso”.
afcl/LL