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Cuernavaca.— El Congreso de Morelos presentó una controversia constitucional en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, así como los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Morelos, por vulnerar la soberanía del Poder Legislativo morelense.
El recurso constitucional tiene relación con el operativo para detener al fiscal Uriel Carmona Gándara el viernes pasado, cuando elementos de la fiscalía capitalina, con apoyo de infantes de la Marina, sitiaron la casa del fiscal hasta que el funcionario decidió entregarse de manera voluntaria a cambio de que no catearan su domicilio.
La inconformidad, de acuerdo con el contenido de la controversia, estriba en que las autoridades que participaron en el operativo de arresto vulneraron la autonomía del Poder Legislativo en el Estado porque para detener y procesar al fiscal Uriel Carmona Gándara era necesario que el Congreso de Morelos resolviera si era procedente o no omitir el fuero constitucional.
En estrados se lee que el expediente de la controversia constitucional con número 403/2023 fue turnado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que instruya el procedimiento correspondiente.
El pasado 12 de julio, en la controversia constitucional número 151/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el fiscal General de Morelos goza de fuero constitucional, por lo que para proceder penalmente en su contra debe seguirse previamente un juicio de procedencia ante el Congreso del Estado de Morelos.
Sin embargo, el viernes pasado la fiscalía capitalina ejecutó una orden de aprehensión emitida y autorizada por un juez local por presunta responsabilidad en el caso de Ariadna Fernanda, lo internó y procesó en el Reclusorio Sur.
Ese mismo día el Congreso de Morelos aludió la resolución de la SCJN en sentido de que los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos gozan de la protección de la figura del fuero constitucional, “lo que implicaría que, para ejercer la acción de la justicia en su contra, previamente debería habérsele despojado de esa protección, mediante un procedimiento desde el Poder Legislativo, condición que no ha ocurrido”, expuso el Legislativo morelense.
