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La Paz.- La diputada Mercedes Maciel presentó una iniciativa ante el Congreso de Baja California Sur para prohibir y sancionar, incluso con prisión, el sometimiento a las llamadas “ terapias de conversión ” de orientación sexual e identidad de género.
La legisladora por el Partido del Trabajo propuso adicionar una fracción al artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado de Baja California Sur a fin de “prohibir el promover, obligar o ejecutar a una o más personas la realización de tratamiento o terapia de reconversión, para pretender corregir la orientación sexual o identidad de género”.
Además, propuso adicionar el artículo 205 BIS al Código Penal del estado, a fin de “imponer de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa al que induzca, promueva, coaccione o ejecute terapia, tratamiento o cualquier servicio que pretenda cambiar orientación sexual o identidad de género de una persona”. Se pretende que se persiga de oficio.
En su exposición de motivos, Mercedes Maciel sostuvo que la Organización de las Naciones Unidas tiene presente el problema y reconoce que las terapias de conversión representan una tortura para la comunidad LGBTI y solicitó a nivel mundial el cese de su aplicación.
“La Organización Panamericana de la Salud y la American Psychological Association señalan que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana, por lo que no es una enfermedad”, expuso.
Añadió que este tipo de terapias constituyen violencia y discriminación y transgreden derechos humanos fundamentales.
“No son éticas y carecen de fundamento científico y lamentablemente en muchos casos son los padres, tutores, amigos u otro factor de influencia sobre el ser humano que no tiene voluntad propia y es obligado a tomar dichas terapias de conversión; quienes buscan personalmente tomarlas, lo hacen impulsados por el rechazo familiar o social”, añadió.
La diputada enfatizó que el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana conmina a tratar a los semejantes, dijo, “por lo que hacen y no por lo que son, por propiedades o circunstancias accidentales tales como el sexo o la raza”.
“Una realidad social, polémica, que divide sectores de la población y que confronta ideologías religiosas y políticas, es la aceptación de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, quienes no son aceptados por la sociedad dominante, prevaleciendo el rechazo”, recalcó.
Frente a ello -refirió-- la protección de los derechos humanos debe ser considerada en todo ordenamiento jurídico interno y corresponde a todas las instituciones promover y garantizarlos.
La iniciativa fue turnada a revisión a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas.
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