La Paz, BCS. El conflicto laboral que persiste en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha obstaculizado el avance de las investigaciones de 218 quejas presentadas por la ciudadanía, por lo que autoridades exhortaron a “liberar” las instalaciones que se encuentran cerradas desde hace tres meses.
La titular de la CEDH del estado, Charlene Ramos Hernández, indicó que “la toma ilegal” de las instalaciones continúa y cumple tres meses, sin que se haya podido llevar a una resolución. Además, acusó que los empleados que argumentan un “derecho de huelga” realizan peticiones económicas para concluir el conflicto, que están fuera del alcance de la institución.
“Nosotros no hemos agotado el diálogo, hemos buscado la conciliación, pese a que consideramos que es un acto ilegal, no tiene fundamento jurídico, y se están viendo afectadas ciudadanas y ciudadanos que presentaron quejas y cuyas investigaciones no han podido avanzar. Tenemos aproximadamente el 75 por ciento de las quejas, de los expedientes, que están dentro de las instalaciones y no hemos podido acceder a ellos”, dijo la titular de la CEDH en entrevista con EL UNIVERSAL.
Añadió que desde el 8 de enero cuando un grupo empleados (algunos de ellos despedidos) determinaron colocar las banderas rojinegras, la situación se complicó, pese a operar en una sede alterna; pues se requieren los espacios, el equipamiento y sobre todo la documentación para realizar el trabajo en su totalidad.
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“Hay compromisos institucionales que se están complicando cumplir, como la presentación de las cuentas públicas. Esto por las personas que no permiten el acceso y eso es una gravísima violación a los derechos de la ciudadanía”, expuso Ramos.
Por esta situación, una persona presentó una denuncia penal, por el hecho de que no permiten a estas personas que la Comisión haga las investigaciones correspondientes a su queja.
Ramos Hernández comentó que recientemente los empleados y ex empleados solicitaron una audiencia de conciliación para intentar llegar a un acuerdo de liberación de las instalaciones, no obstante también dijo que “tan solo una persona pide cientos de miles de pesos”, y estaría fuera de toda proporción, al margen, recalcó, “que es un delito lo que han hecho”.
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Por esta situación, desde su inició se presentaron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado, por la toma ilegal de las instalaciones, por la sustracción ilegal de sellos oficiales, y en noviembre del año pasado contra personal por irregularidades administrativas y violencia de género, situación que habría sido un detonante para el paro de labores y el anuncio de huelga posterior.
El personal de las visitadurías en el resto de los municipios, según dijo, continúa laborando con normalidad, y en el caso de La Paz, donde se concentra el conflicto, siguen en la sede alterna donde han recibido 23 quejas en estos tres meses de labores allí.
El conflicto detonó debido a las acusaciones de despidos injustificados y de un presunto mal uso de recursos públicos que trabajadores hicieron contra la presidenta de la CEDH, incluso solicitaron al Congreso de BCS su destitución.
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Algunos ex trabajadores dieron algunos testimonios. Alma Denisse Guluarte Gutierrez, aseguró que fue despedida de la Unidad de Investigación del órgano interno de control luego de que el administrador, Abraham Manríquez Ramírez presentara ante ella una solicitud de investigación contra la presidenta de la Comisión, por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. El administrador acusó que lo despidieron y lo sacaron con el uso de la fuerza pública iniciando el año.
Los trabajadores y ex trabajadores presentaron una solicitud de juicio político ante el Congreso del estado, contra la presidenta de la comisión, en tanto, diputados y el gobernador, Víctor Castro Cosío, han convocado a que el conflicto se resuelva con diálogo.
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