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Un Tribunal Colegiado resolvió que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, deberá pagar 85 millones de pesos, como garantía, para evitar que se cumplimenten las tres órdenes de aprehensión giradas en su contra por los delitos del fuero común que le imputa la Fiscalía General del estado.
La resolución del Tribunal no interfiere en el proceso que se sigue a Borge en el fuero federal, ni la garantía fijada está vinculada con su permanencia en la cárcel, pues son procesos diferentes.
Borge Angulo permanece preso desde junio de 2017, cuando fue aprehendido en Panamá, por un delito del orden federal.
Fue extraditado en enero pasado, vinculado a proceso y el juez de Control ordenó prisión preventiva mientras se le dicta sentencia.
Independientemente de ese proceso, la defensa de Borge promovió desde julio de 2017, un amparo en contra de las tres órdenes de aprehensión que obsequió un juez de Control, por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, que le imputa la Fiscalía.
Especificamente su defensa solicitó la suspensión definitiva contra las órdenes de aprehensión, detención, presentación y comparecencia, que se hayan emitido en contra de Borge.
En audiencia celebrada el 25 de agosto de ese año, el Juzgado Quinto de Distrito concedió al ex mandatario la suspensión definitiva del acto que reclamó, es decir, la suspensión de la ejecución de dichas órdenes de aprehensión, hasta que se resuelva el asunto de fondo.
Sin embargo, para hacer efectiva la suspensión, el juez Quinto fijó a Borge, una garantía de 85 millones de pesos.
Su defensa se inconformó mediante un recurso de revisión, al considerar que el monto era excesivo y dejaba a su cliente en estado de indefensión.
La Fiscalía General también objetó la suma, bajo el argumento de que era demasiado baja, tomando en cuenta el monto del daño patrimonial que se imputa al ex ejecutivo del estado y que alcanza los tres mil 104 millones 823 mil 279 pesos.
El caso fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyos magistrados-en sesión del 22 de marzo pasado- declararon “infundados” los conceptos de agravio tanto de la defensa del ex gobernador, como de la Fiscalía.
También confirmaron la resolución del Juzgado Quinto y el monto de la garantía por 85 millones de pesos que fijó para suspender la ejecución de las órdenes de aprehensión contra Borge, mientras el caso se resuelve de fondo.
Lo anterior implica que si el ex gobernador acredita la garantía, evitará que se cumplimenten las órdenes de aprehensión, hasta que el juez Quinto resuelva si le concede o no el amparo promovido, identificado con el número 1096/ 2017.
Los magistrados, Juan Ramón Rodríguez Minaya, Selina Haidé Avante Juárez, Jorge Marcos Mejía y Graciela Bonilla González, consideraron que la suma de la garantía “se estima adecuada" y ponderaron que, de resultar condenado por la probable comisión de los tres delitos, Borge habrá de necesitar mayores recursos económicos para cubrir la reparación del daño patrimonial provocado.
