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Chilpancingo.- El Ayuntamiento de Iguala volvió a dar servicio pero con vigilancia del Ejército y la Policía Estatal.
La mañana de este viernes, las oficinas operativas, administrativas y de recaudación abrieron sus puertas tras 24 horas de haber estado cerradas por el asesinato de un trabajador y por amenazas contra el alcalde, el priista David Gama Pérez y el síndico, el perredista Oscar Díaz Bello.
La tarde del miércoles de seis balazos fue asesinado un empleado de la dirección de Parques y Jardines de Iguala cerca de las instalaciones de la tradicional feria de La Bandera. Tras el asesinato dejaron un mensaje escrito en una cartulina.
Por la noche de ese mismo miércoles, hombres armados incendiaron una camioneta, también cerca de las instalaciones de la feria. En este hecho dejaron otra cartulina con un mensaje donde le advertían a los trabajadores de ayuntamiento que no se presentaran a trabajar. “Quien avisa no traiciona”, decía la cartulina.
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Tras estos dos hechos, el alcalde ordenó el cierre de todas las dependencias para prevenir un ataque.
Sin embargo, durante todo junio, tanto el alcalde como el síndico han sido hostigados por la organización criminal la Familia Michoacana.
El 13 de junio, hombres armados arribaron a la dirección de Obras Públicas y dispararon contra las instalaciones y vehículos. Cinco días antes, hombres armados atacaron a tiros la clínica particular propiedad de Díaz Bello.
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Desde hace meses, el alcalde es resguardado por policías estatales y marinos, incluso se traslada en una camioneta blindada que le otorgó el gobierno del estado.
Desde antes que comenzara su gestión, Gama Pérez ha recibido amenazas por parte de las organizaciones criminales que operan en Iguala. Un día antes de que tomara protesta, dejaron fuera de su casa de campaña un vehículo con cuatro cadáveres.
De acuerdo a reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la violencia se incrementó en los últimos meses en Iguala por una disputa entre las organizaciones criminales Los Tlacos y la Familia Michoacana, esta última, en este 2023 se ha expandido por distintas regiones del estado.
El alcalde de Iguala no es el único representante popular que no puede realizar sus funciones con libertad por amenazas de una organización criminal. Desde finales de marzo el diputado del PRI, Adolfo Torales Catalán y las perredistas, Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Juárez Gómez, representantes de la región Tierra Caliente y Norte, no han podido participar de manera presencial en una sesión del Congreso.
Las dos legisladoras y el legislador junto con once alcaldes denunciaron en abril que fueron amenazados de muertes por Los Tlacos y advirtieron que mientras no tengan garantías no asistirían a ninguna actividad a Chilpancingo por el riesgo de ser atacados en la carretera Tierra Caliente-Iguala.
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