Ciudad Juárez.— “Esto no nos beneficia en nada, con las disculpas no ganamos nada, porque mi hermana no está”, dice Enrique Chávez Caldera, hermano de María Elena Chávez Caldera, una joven víctima de feminicidio en el año 2000 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La familia de María Elena, junto a otras seis víctimas de feminicidio, recibieron ayer una disculpa pública como parte del Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública en Cumplimiento del Estado mexicano al informe de fondo 288/21 del caso 13.377 de niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El evento público se realizó en el Memorial del Campo Algodonero. Estuvieron presentes las familias de las víctimas Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Olga Alicia Carrillo Pérez, María Sagrario González Flores, Cecilia Covarrubias Aguilar y su hija de 24 días de nacida, María Elena Chávez Caldera, así como Silvia Elena Rivera Morales.
Entre ellos estaba Enrique Chávez Caldera, hermano de María Elena, quien dijo que la última vez que vio a su hermana, que tenía 16 años, fue en el centro de Ciudad Juárez.
“Lo que nos entregaron a nosotros fue una osamenta que nunca fue confirmado por nosotros que fuera de ella. Ella desapareció el 20 de junio del 2000, era menor que yo, un año. La verdad esto no nos beneficia en nada, sinceramente, lo que sea, [con] las disculpas no se gana mucho, al contrario, no se gana nada... mi hermana no está”, expresó en el evento.
En entrevista con este diario, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno dar más atención y rapidez en los casos de violencia de género y desapariciones, ya que en el caso de su hermana fue hasta dos semanas de su desaparición que comenzó la búsqueda.
Alfredo Limas Hernández, integrante de la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, y quien interpuso estas quejas ante la CIDH en 2007, refirió que las siete víctimas de feminicidio, por las cuales se ofreció la disculpa pública, eran mujeres jóvenes que desaparecieron y fueron asesinadas entre 1995 y 2003, y en el caso de una de ellas, Cecilia, su bebé desapareció y aunque han pasado más de 30 años no ha sido localizada.
“Este acto significa la voz de las madres que indican que no hay justicia, del trabajo de las organizaciones que las acompañaron. La Red de No Violencia interpuso [ante la CIDH] estas quejas y las litigamos por un tiempo. Significa una grave llamada de atención a las autoridades, que siguen sin favorecer el acceso a la justicia de niñas y mujeres, y en ningún caso de feminicidios como estos hay justicia ni conclusiones fiables”, señaló.
Refirió que este tipo de actos también sirven para que las autoridades mexicanas dejen la omisión ante los feminicidios, pues esta ciudad es conocida a nivel mundial por casos emblemáticos de violencia contra la mujer, en lo que se conoce como las muertas de Juárez, donde no hay justicia ni conclusiones finales.
“Todo es parte de una política de impunidad, y este acto significa esto, este acto de atención y responsabilidad significa que son culpables las autoridades del pasado, y las de hoy tienen un gran reto, más que nunca significa afrontar las causas estructurales de la violencia”, destacó a esta casa editorial.
Las disculpas
Autoridades de los tres niveles de gobierno ofrecieron una disculpa pública por los derechos violados a las siete víctimas de feminicidio y desaparición forzada.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, llevó la representación del gobierno federal.
El funcionario reconoció que durante décadas las autoridades fallaron en proteger a niñas y mujeres, permitieron la impunidad y negaron la justicia a las víctimas.
“Como representante del Estado mexicano, reconozco nuestra responsabilidad por el feminicidio de estos casos y la desaparición de la niña Ibarra Covarrubias”, expresó.
Señaló que el Estado mexicano falló en garantizar los derechos humanos, la libertad, la personalidad jurídica, la honra, la igualdad y la protección de las víctimas, además de vulnerar también los derechos humanos de los familiares, quienes no han dejado —ni un solo día— de exigir justicia.
