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Cuernavaca, Mor.- Una protesta de internos del Centro de Reinserción Social Morelos (Cereso) Morelos, fue disuelta a golpes y, de acuerdo con familiares de procesados y sentenciados, los custodios también dispararon sus armas de cargo.
En declaraciones a la prensa, familiares de internos señalaron al director operativo de los centros penitenciarios en Morelos, Jesús Francisco Flores Jiménez, de exigir pagos de dinero por alquiler de teléfonos móviles, cuartos, visitas conyugales; “todo lo cobra”, narraron madres de internos.
El gobierno de Morelos informó que ningún funcionario penitenciario de mando continuará al frente de sus labores, derivado de los diversos señalamientos sobre presuntos actos de corrupción y abuso contra la población penitenciaria.
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Confirmó asimismo una serie de “confrontaciones” entre personas privadas de su libertad ubicadas en el dormitorio B con personal de custodia.
“De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tres personas privadas de su libertad resultaron heridas, las cuales ya se encuentran recibiendo atención médica para su recuperación”, comunicó el gobierno.
La administración de la gobernadora de Morena, Margarita González Saravia, argumentó que el cese de todos los mandos del sistema penitenciario en Morelos se determinó para cumplir con el interés superior de salvaguardar los derechos humanos, así como la seguridad de quienes se encuentran en ese espacio para lograr su reinserción a la sociedad.
“Los sucesos al interior del Cereso impulsarán los cambios en la estructura de los mandos, en beneficio de cumplir con la normatividad vigente en respeto de la población penitenciaria”, concluye el comunicado.
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La protesta de hombres y mujeres internas comenzaron el miércoles con las personas privadas de su libertad en el penal de Atlacholoaya y el jueves continuó en la cárcel distrital de Cuautla, en los dos casos rechazaron a los nuevos encargados del comedor, pero principalmente demandaron la destitución de Jesús Francisco Flores Jiménez, señalado de ordenar los cobros por todo tipo los servicios al interior de los penales, cuya responsabilidad es del recién nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
A inicios del anterior gobierno (2012-2024) también se registraron una serie de amotinamientos y riñas internas que dejó una estela de aproximadamente 20 muertos.
jf
