Juxtlahuaca .— Para llegar a Yutazani, una comunidad triqui ubicada en la Mixteca de Oaxaca, hay que transitar 11 horas desde la capital; seis horas a Juxtlahuaca, la cabecera municipal, luego otras dos en vehículo y tres a pie en un estrecho camino de terracería.
En la última década, los pobladores de Yutazani han gestionado e insistido en que se abra una brecha hasta el pequeño poblado, pues por falta de vías no cuentan con electricidad y llevar material para un tanque de agua potable es imposible. No han sido escuchados, pese a que existen recursos federales que fueron asignados al municipio para hacerlo.
En 2018, por ejemplo, entre las obras prioritarias que expusieron al gobierno municipal de Juxtlahuaca fue confirmada la apertura de un camino rural “sacacosechas”, que continuaría la carretera que está a medias.
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Ese año, las autoridades de Yutazani también priorizaron la rehabilitación de la línea de conducción del sistema de agua potable y la construcción de un bordo de captación de agua pluvial, pero ninguna obra se llevó a cabo. En 2019, nuevamente prefirieron la construcción de un tanque de agua, pero las peticiones tampoco fueron escuchadas.
En 2020 y 2021, las autoridades de Yutazani ni siquiera fueron llamadas a exponer sus necesidades, por el contrario, no se les dio ni un peso de parte del municipio.
Lo que viven no es aislado
Entre 2018 y 2021, 38 obras asignadas a través de un acta de priorización no fueron ejecutadas en cinco comunidades indígenas de Juxtlahuaca, pues el presidente municipal Nicolás Feria Romero (Morena) decidió no entregarles los recursos federales de los ramos 28 y 33, fondo III y IV. Hasta ahora se desconoce el destino de los mismos.
Según autoridades de las agencias municipales de la Sabana Copala, Tierra Blanca Copala, Yutazani, Cuauhtémoc Yucunicoco y Santo Domingo del Progreso , Feria Romero no atendió ninguna de sus necesidades prioritarias desde 2018, por lo que 10 localidades iniciaron una demanda contra su administración por no entregarles los recursos federales.
En respuesta, el ahora exedil aseguró: “Los que ya no son mis amigos, ya no los quiero ver”, señalan autoridades de Santo Domingo del Progreso y Cuauhtémoc, dos de las cinco comunidades sin obras y que son catalogadas como de “alta marginación” por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Obras sin cumplir
En Cuauhtémoc Yucunicoco, una de las comunidades que exige sus recursos y que se ubica en una pendiente, es complicada la distribución del agua , debido a que el pozo se encuentra en bajo y la mayor parte de la población en la zona alta.
Por su orografía, la asamblea determinó en 2018 la construcción de un tanque de almacenamiento en la zona alta y en 2019, la ampliación del sistema de agua potable para distribuirla, obras que nunca llegaron.
“Tenemos que acarrear agua con animales porque no llega a nuestras casas”, dice desesperanzado uno de los vecinos.
Estas obras no se realizaron pese a que forman parte de las 38 asignadas como prioritarias en estas comunidades a través de actas firmadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM) que aparecen en el Sistema de Planeación para el Desarrollo (Sisplade), plataforma del gobierno de Oaxaca.
Los recursos que deberían haberse usado para estas 38 obras pertenecen al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), presupuesto que la Federación destina a través del ramo 33, el cual consta de dos fondos.
El primero es para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y el segundo para Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del estado de Oaxaca. También provenían del ramo 28 de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.
Todos los municipios reciben la suma de los dos ramos. Por ejemplo, Juxtlahuaca recibió en 2018 63.9 millones de pesos del ramo 33 y 22 millones del ramo 28, los cuales debieron distribuirse de manera equitativa entre las comunidades, de acuerdo con los artículos 5, 6 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el estado de Oaxaca.
La suma de lo que recibió Juxtlahuaca de estos ramos entre los años 2018 y 2021, y que adeudan a las cinco comunidades, es de más de 26 millones de pesos, según estiman las propias autoridades de las agencias municipales.
Durante estos años, las comunidades no han cesado de exigir la entrega de los recursos. En 2018, por ejemplo, la Sala de Justicia Indígena dictó una medida cautelar al ayuntamiento de Juxtlahuaca, aún encabezado por Nicolás Feria , en la que ordenó el pago de los recursos federales a 11 agencias municipales, luego de que cada una de estas comunidades inició un juicio en contra de la cabecera municipal.
“Nos entregaba lo que quería y cuando quería, afectando las actividades de las comunidades y las gestiones que tienen que hacer los representantes”, denunciaron.
¿Dónde están los recursos?
A casi cinco años de distancia, aún no ha sido posible localizar el paradero de los recursos, debido a que no existen documentos que señalen cómo y en qué fueron o no distribuidos por el exedil.
Según el oficio OSFE/1766/2019 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) , tras la revisión de la cuenta pública 2018, en Juxtlahuaca se desconocía el destino de 9 millones de pesos, de los que 5.5 fueron comprobados, tras una auditoría, y 3.6 siguen sin ser solventados.
Por estos hechos, el actual gobierno de Juxtlahuaca presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el delito de ejercicio ilícito de servicio público, pues no hubo disponibilidad de la administración 2019-2021, para realizar la entrega-recepción de los documentos que resguardan el manejo del erario de parte de Feria Romero, diputado local por el distrito 7 en el Congreso estatal.
Se violenta a todo el pueblo
Pese a que el presupuesto debe asignarse según el número de pobladores de las comunidades y a su marginación, en Juxtlahuaca los recursos federales no llegan de manera directa a los pueblos indígenas en 90% de los casos. Tampoco existe una ley que indique la suma de recursos que les corresponden, por lo que el municipio es el único autorizado para administrarlos.
En este contexto, Gerardo Martínez Ortega , experto en derecho indígena y coordinador del Área Jurídica y de Litigio Estratégico del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), explica que el Estado viola el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, una actuación racista al pensar que no tienen la capacidad de manejar dichos recursos.
“Los pueblos tienen el derecho al desarrollo según sus propias necesidades; además, pueden administrar sus recursos de manera directa sin que tengan que pasar por las arcas del ayuntamiento”, detalla.
Apunta que cuando las autoridades dejan de recibir el presupuesto de la Federación se ven limitados para ejercer sus tareas y “por lo tanto, si no reciben ese dinero, toda la comunidad se ve violentada”.
Esto, agrega, profundiza el rezago en el que viven, pues esos recursos negados deberían servir para abatir de manera progresiva las necesidades de los pueblos.
Pese a ello, señala que organismos como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no han emitido alguna recomendación por estas transgresiones y tampoco existe jurisprudencia por parte de la Sala de Justicia Indígena.
Con información de Rocío Martínez
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