Gómez Palacio.— El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua celebró que la empresa Chemours Company se desistiera en diciembre pasado de instalar su fábrica de cianuro en la comunidad El Siete del municipio de Gómez Palacio, Durango, después de casi siete años de resistencia de las comunidades.
En el campamento que hace casi cuatro años levantaron los hombres y mujeres de 22 comunidades, el abogado Gustavo Lozano, integrante de la Organización Acción Colectiva Socioambiental, leyó el aviso de desistimiento que en diciembre de 2023 presentó la empresa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“La empresa ha informado que no desea continuar con su proyecto y pide que dé de baja la autorización que habían tenido en 2017… anunciamos la cancelación del proyecto por causas de fuerza mayor…”.
“Fuera Chemours, fuera Chemours”, gritaron las personas que se dieron cita a la reunión, en donde también se llevó a cabo una homilía encabezada por el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera.
Batalla legal y de resistencia
Este triunfo de los pueblos es algo que inició hace casi siete años. El 24 de junio de 2017, los pobladores del ejido El Siete miraron el desfile de camionetas que llevaban al entonces gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres y la alcaldesa Leticia Herrera, hoy nuevamente en el cargo.
Ese día, sin avisar ni consultar a los pueblos, el gobierno y la empresa Chemours Company colocaron la primera piedra de lo que sería una fábrica que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio.
Terminado aquel evento, los pobladores se acercaron y miraron que la piedra que habían colocado decía Chemours. Y comenzaron a indagar.
“A lo mejor esto no hubiera ocurrido si el gobierno se hubiera tomado la molestia de consultar a la población. A lo mejor todo quedaba aquí. Pero nos buscaron y nos dijeron ‘nos mandaron el monstruo acá’”, recuerda Gustavo Lozano.
Días antes, en San Luis de la Paz Guanajuato, la sociedad civil organizada había impedido también la llegada de Chemours.
De inmediato la gente de El Siete y de otras comunidades, comenzaron a organizarse. Formaron el Frente Unido e inició una batalla legal y de resistencia para impedir que la empresa iniciara actividades. Siete años después, triunfaron.
“El frente es de lucha, y es una lucha digna, original de los pueblos para la protección de nuestra propia gente”, comenta Bernardino Ochoa, vocero de la organización.
Esta lucha incluyó una histórica represión a manos del gobierno de Gómez Palacio. El 9 de marzo de 2018 un grupo antimotines golpeó con escudos y macanas a niños, mujeres y personas de la tercera edad. Los pobladores se defendieron con piedras, y aquello se convirtió en una salvaje represión. Al final, la policía local se llevó detenidos a 34 compañeros del frente y nueve más terminaron en el hospital por haber sido brutalmente golpeados.
La resistencia sigue
Bernardino Ochoa asegura que la resistencia continúa. La resistencia continuará porque afirma que hay muchas injusticias y porque la alcaldesa Leticia Herrera anunció la llegada de una empresa holandesa y los pobladores temen que se trate de otra industria contaminante.
“La gente que sembraba fue despojada con mentiras y amenazas, y una cantidad mínima de dinero. Decidimos permanecer aquí, queremos hacer algo más simbólico. La gente ya se siente en familia”, platica.
Muchos de los compañeros perdieron sus empleos por permanecer en el frente, en el campamento, en la lucha por su territorio.
Bernardino Ochoa asegura que hay tranquilidad por saber que después de siete años, Chemours decidió cesar su intención de instalar la planta en su territorio, pero insiste en que el campamento continúa porque no confían en las autoridades.
Gustavo Lozano explica que en la experiencia de otras luchas se han dado cuenta de que cuando un proyecto llega a su territorio y se logra vencer, es muy probable que el gobierno intente instalar un proyecto distinto.
“El frente no tiene la disposición de permitir cualquier arbitrariedad. Lo que el frente ha dicho es que se les debe de considerar antes”, menciona.
Triunfo para todo el país
Gustavo Lozano de la Organización Acción Colectiva Socioambiental, expone que el triunfo del Frente Unido y las comunidades en La Laguna de Durango, es una lucha emblemática para todo el país por lo que significa actualmente el cianuro, uno de los principales insumos para la minería.
“La minería cada vez más en México pasa de subterránea a cielo abierto porque en el territorio quedan polvos que recuperar y para ese proceso el cianuro es indispensable, es el principal insumo. Es un insumo muy caro”, ahonda.
Dice que la empresa Chemours vio la posibilidad de montar el negocio para dejar de importar el cianuro y agilizar los procesos mineros, por lo que al impedirle la instalación, se impide que se agilice la logística de las propias minas que ya operan en territorio nacional.
“Esto beneficia a la lucha en los territorios de extracción”, recalca.
Don Raúl Vera, habitante de la comunidad, celebró el triunfo del pueblo y destacó que la organización fue un elemento clave para proteger los territorios.
“Es una excepción de tantos abusos en el país”, dice acerca del triunfo sobre la empresa Chemours.
Para Vera esta lucha no se hubiera logrado sin la perseverancia de la gente, y la perseverancia requiere disciplina y la disciplina lleva a la organización, remarcó.
“Es una educación, una autoeducación comunitaria la que ha permitido esto. La honestidad, nadie se ha vendido. Los abusivos se valen de crear un ambiente de deshonestidad y hacen esas barbaridades”, añade Vera.
Bernardino Ochoa, vocero del Frente Unido, asegura que estos siete años de lucha han valido la pena: el sacrificio y esfuerzo para quedarse y proteger su territorio.