Juchitán.— Al menos 110 campesinos de Santo Domingo Ingenio que rentan sus tierras están en “alerta legal” después de que el gobierno mexicano anunció que comprará a la empresa española Iberdrola el parque eólico La Venta III, además de 12 plantas más de generación de energía eléctrica, como parte de la estrategia para garantizar la “soberanía energética” del país.
Los representantes del comité de campesinos del parque eólico La Venta III, Aquiles Toledo, Fernando García y Cecilio López, afirman a EL UNIVERSAL que pedirán, por la vía legal, que Iberdrola explique los alcances del contrato de compra-venta con el gobierno mexicano y cómo impactará en las cláusulas suscritas desde 2009 con la comunidad campesina del Istmo de Tehuantepec.
“Por el momento estamos analizando con nuestros asesores jurídicos un emplazamiento a Iberdrola para que se sienten a una tercera revisión de todas las cláusulas, como ocurrió en 2013 y 2016”, explicaron en entrevista.
La tercera revisión de los contratos debía realizarse el año pasado, con la finalidad de actualizar los pagos por la renta de las tierras, por el tendido de líneas, vialidades y drenaje.
De entrada, indicaron, Iberdrola incumplió el contrato porque no avisó que ya tenía un convenio para venderle a Mexico Infrastructure Partners (MIP) el parque eólico La Venta III, asentado sobre un polígono de mil hectáreas y que reporta una producción de 103 megawatts de electricidad mediante la operación de 121 aerogeneradores de 850 megas.
“Los campesinos que le rentamos nuestras tierras a Iberdrola sí estamos muy preocupados porque no tenemos certeza alguna si los nuevos dueños, en este caso la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mantendrá las especificaciones del contrato y si responderá a los compromisos para financiar obras sociales en el municipio y el pago del derecho municipal”, señalaron.
En las actuales condiciones, Iberdrola paga anualmente unos 20 millones de pesos por la renta de mil hectáreas de tierras, de las que ocupa 5% con los 121 aerogeneradores, y el resto de la superficie es usada por los campesinos para la siembra de sorgo, pasto y el pastoreo de bovinos; además, cada año aporta un millón y medio de pesos para financiar una o dos obras sociales.
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Para conciliar los reclamos de pago que venían demandando los presidentes de los cinco municipios donde operan 25 parques eólicos, el 22 de junio de 2017 se firmó un memorándum de entendimiento que suscribieron los empresarios eólicos, los diputados locales, así como el gobierno estatal y las autoridades municipales.
En ese entonces firmaron los representantes de las empresas Iberdrola, Bii Hioxo, Zuma Energía, Enel Green Power, EDF, Eólica del Sur y Acciona Energía, y se comprometieron a cubrir un equivalente de 15 mil pesos por mega producido de electricidad.
Según ese acuerdo, aún vigente, actualmente entre las siete empresas aportan al año 32 millones de pesos a Juchitán, Espinal, Ixtaltepec, Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio.
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Mientras que las empresas Peñoles, Grupo México, Dragados y la CFE, que juntas producen 340 megas, se negaron a participar en ese esquema para el pago de derechos municipales.
Según datos oficiales, las 13 plantas eólicas adquiridas por el gobierno federal generan 8 mil 500 megawatts, 16% del total de energía eléctrica del país.