Morelia.- Comuneros de Arantepacua , municipio de Nahuatzen, se deslindaron de los destrozos causados en las instalaciones del edificio principal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y después en Palacio de Gobierno.
Los habitantes precisaron que fueron los normalistas que se unieron a su manifestación los que realizaron actos vandálicos, en esos edificios públicos.
Ello también consta en videos, donde se ve la violencia con la que se condujeron los normalistas, muchos de ellos cubiertos del rostro.
Lo anterior, luego de que habitantes de la comunidad indígena se manifestara en la sede principal del FGE y después en Palacio de Gobierno.
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En ese lugar, algunos asistentes destruyeron la fachada, oficinas y mobiliario de la sede principal de la Fiscalía de Michoacán, en la ciudad de Morelia.
También destruyeron los cristales y puertas de la cárcel preventiva (barandilla), ubicada a unos metros de la FGE.
En Palacio de Gobierno, los normalistas también destruyeron cristales y le prendieron fuego a la puerta principal del edificio histórico del primer cuadro de la ciudad.
Todos los actos de vandalismo quedaron grabados en las imágenes, donde se ve a los estudiantes con piedras, palos tubos y cohetones.
La manifestación de los pobladores y a la que se unieron los normalistas, era una protesta por el asesinato de cuatro comuneros hace cinco años, a manos de la Policía Estatal, corporación que irrumpió en Arantepacua el 5 de abril del 2017.
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Ese día, las fuerzas estatales dispararon en contra de la población y asesinaron a tiros a un adolescente, a un enfermero y a dos carpinteros.
En esa ocasión, 38 habitantes de esa comunidad indígena fueron detenidos y la CNDH, documentó la detención ilegal, así como 10 casos de tortura.
Los pobladores, esta tarde, exigieron justicia y responsabilizaron al actual titular de la FGE, Adrián López Solís, de ser parte de lo ocurrido.
En ese entonces, López Solís era secretario de Gobierno del mandato de Silvano Aureoles y hoy, acusaron, se negó a dar seguimiento puntual a las investigaciones.
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Señalaron que además, Adrián López no ha cumplido las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La FGE se dijo una institución al servicio de la sociedad y como tal, reconoció que su principal papel es garantizar el derecho a la justicia.
Enfatizó que para hacerlo posible, ha privilegiado el respeto a los Derechos Humanos y uno de ellos el de la libre manifestación.
“Sin embargo, lamentamos los actos de violencia que se realizaron en perjuicio de la institución, generando temor en el personal y usuarios del edificio principal y Fiscalía Regional de esta ciudad”, expuso en un comunicado.
Señaló que el personal de la triada investigadora en funciones sustantivas, se mantiene firme en su convicción de mantener la persecución penal.
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Más aún, en todos aquellos casos que se siguen en las diferentes áreas de las instituciones para cumplir con la tarea esencial de combate a la impunidad.
“Acciones como las perpetradas en esta fecha, se atenderán en su debida dimensión y bajo el cauce del debido proceso”, especificó.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ofreció una disculpa pública a nombre de la administración estatal.
También informó que los siete puntos establecidos en la recomendación de la CNDH se cumplirán, entre ellos, la reparación del daño a los familiares de las víctimas.
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