Cancún.— El gobierno de México arrancó en el estado de Quintana Roo un programa de rescate de accesos públicos a playas para evitar su privatización por parte de hoteleros y garantizar el libre tránsito por la zona federal marítimo terrestre.
La iniciativa es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el ayuntamiento de Solidaridad, ubicado en la zona norte del estado, entre Cancún y Tulum.
Hace dos semanas la directora general de la Coordinación de Oficinas de Representación de la Sedatu, Ana Gabriela González González, hizo un recorrido por algunos de los accesos que serán recuperados en Punta Esmeralda, Xcalacoco y Playacar, además de visitar la colonia Luis Donaldo Colosio, para que junto con el Instituto del Suelo Sustentable (Insus) se regularice un predio que cuenta con acceso directo a la playa.
En entrevista, la funcionaria federal detalló que además de buscar que los accesos a playa sean incluidos y respetados en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), que está en actualización, se trabaja para que al predio de la colonia Colosio quede como una reserva, un parque que conecte a la colonia con la playa.
“En sitios como Playacar, que es un fraccionamiento privado, ya le dan permiso a la población para que entre caminando, pero pensamos que esto debe ampliarse para que entren con bicicleta, por ejemplo. Entendemos que en auto es complicado, pero a pie, el sol, el calor, pues tampoco es tan adecuado y sí, insuficiente”, expresó.
González González admitió que varios de los accesos están ya consignados en el PDU e incluso publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero no se respetan, pues sólo existen “en papel”.
“Para eso se está trabajando también con la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofematac) para que, en coordinación con el ayuntamiento, se prioricen los acuerdos de destino. El municipio debe tener la capacidad de gestión para garantizar que los accesos sean una realidad para que habitantes y turistas accedan sin ninguna restricción”, subrayó. El impacto de recuperar estos espacios públicos se traducirá para la gente —consideró— en mejorar su calidad de vida.
“Vivir en esta región no se trata sólo de trabajar de sol a sol, la gente tiene derecho a disfrutar el lugar donde eligió vivir, tener acceso a las playas y encontrar en ellas un espacio digno, con servicios de calidad”, resaltó, al añadir que la meta para este 2020 es recuperar al menos cinco accesos públicos.
El principio de este programa nació en Solidaridad, donde en febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó regularizar los asentamientos irregulares. También ahí se desarrolla, desde 2019, otro programa a través de la Sedatu, para la construcción de obras de equipamiento urbano por más de 230 millones de pesos.