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Monterrey.— Mediante un operativo que tardó más de siete horas, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, se realizó el traslado de 900 internos del penal del Topo Chico para su alojamiento en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Apodaca.
En esta acción participaron alrededor de 700 elementos entre militares, miembros de la Guardia Nacional, Policía Federal, Fuerza Civil, Fuerza Penitenciaria y Protección Civil. El convoy de 30 autobuses en los que fueron trasladados los internos, estuvo resguardado por tierra y aire, con el uso de un helicóptero del gobierno del estado.
El secretario general de Gobierno del estado, Manuel González Flores, destacó que Nuevo León es ejemplo nacional en seguridad penitenciaria, y próximamente en el mundo con la certificación de los penales. “Quien llegó a dudar que se lograría la gobernabilidad absoluta de los penales, hoy no tiene más motivos”, señaló el funcionario.
El gobierno estatal afirmó que el operativo se realizó en completo orden y en estricto apego a los protocolos aplicables, así como con pleno respeto a la legalidad y los derechos humanos.
La medida es parte del proceso que desde hace meses inició el gobierno del estado para cerrar de manera definitiva, el próximo 30 de septiembre, el centro de reclusión más antiguo del estado que el 3 de octubre próximo cumpliría 76 años de que fue inaugurado.
El reclusorio ha sido escenario de numerosos motines y masacres, entre ellas la más grave que haya ocurrido en los penales del país, en febrero de 2016, cuando murieron 49 reos y al menos 34 resultaron heridos.
El operativo en campo inició antes de las 12:00 la noche del miércoles y concluyó a las 7:00 de la mañana. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humano participó como observador para verificar que el tras-lado de presos del Topo Chico al Centro de Prevención y Reinserción Social se realizara respetando sus derechos humanos.
La CEDHNL dará seguimiento, a fin de constatar que los espacios de alojamiento en los que se van a ubicar a los internos cumplan con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), así como de otros estándares internacionales.