Colima.— En un mes, Colima pasó de ser un estado “sin” feminicidios a tener la mayor tasa de este delito por cada 100 mil mujeres en el país, con 3.69 casos.
Hasta agosto pasado, la fiscalía estatal reportaba al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) más de 60 homicidios dolosos de mujeres, pero ninguno de éstos se clasificaba como feminicidio, pero la presión de activistas obligó a las autoridades a cambiar la estadística y en septiembre se reconocieron 16 víctimas de ese crimen.
El 30 de septiembre, el vicefiscal del estado y vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, Gustavo Joya, explicó que tras revisar los 79 asesinatos de mujeres cometidos hasta ese día en Colima, la Fiscalía Especializada de Delitos de Género y Trata de Personas determinó reclasificar 16 como feminicidio.
Carmen García, integrante del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), explicó que esta reclasificación se dio a partir de una reunión del Comité Técnico de Análisis y Evaluación de Seguimiento a las investigaciones de muertes violentas de mujeres en la que se pidió una explicación de lo que estaba ocurriendo.
“Tuvimos una sesión y estuvimos analizando que eso no podía ser posible, y plantearon las autoridades cómo y en qué momento clasificarían la información y dijeron que hasta que se judicializaran los casos, pues ya iban a ver cuáles reportaban como feminicidios y cuáles no”, explicó.
Sin embargo, las activistas que forman parte del comité insistieron en que la fiscalía estaba actuando al revés, pues el protocolo establece que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio y si en el camino se determina que no lo es, entonces se reclasifica.
“Se pusieron un compromiso en esa sesión y fue que iban a revisar, fue entonces que salió esa cantidad de casos ya clasificados como feminicidio, pero debo decir que no sólo fue eso, también algunas diputadas estuvieron diciendo que querían saber por qué no se estaban reportando los feminicidios”, explicó García.
En su opinión, aunque la fiscalía rectificó, aún hay una gran diferencia entre los números de feminicidios que reporta al SESNSP y los casos que se deben investigar como tales.
Explicó que tan sólo a través de un registro hemerográfico, Cladem ha contabilizado al menos 63 casos que deberían clasificarse como presuntos feminicidios, pues el artículo 124 bis del Código Penal en Colima, señala que se comete feminicidio cuando se prive de la vida a una mujer por razones de género, se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, o cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en un lugar público.
“Por tanto, todas las muertes violentas de mujeres van a ser para nosotras feminicidios; en el camino la fiscalía puede, en las carpetas de investigación de cada caso, descartar si hubo razones de género; pero por ejemplo, una razón de género que la autoridad no nos puede discutir en estos casos es que todos los cuerpos aparecen arrojados, tirados o depositados en la vía pública”, insistió.
En su opinión, falta además que las autoridades brinden información sobre en cuántos casos se ha logrado la detención de los presuntos responsables, en cuántos hay personas vinculadas a proceso y en cuántos más hay sentencias condenatorias.
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Sin respuesta
Se solicitó a la Fiscalía de Colima una entrevista para conocer la postura de la institución y las condiciones en que está laborando la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y Otras Muertes Violentas de Mujeres, Niñas y Adolescentes, creada el pasado 1 de octubre mediante un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
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