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A cinco días de que inicie su administración como gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva acusó que el gobierno del priista Ignacio Peralta Sánchez ha dejado un desastre financiero que compromete casi dos terceras partes del presupuesto del estado, por lo que anunció una auditoría cuyos resultados deberán estar listos antes de febrero próximo para deslindar responsabilidades.
Indicó que a pesar de que el equipo de transición de la administración saliente ha entregado ya las claves para ingresar al sistema en el que se resguarda la información de las distintas dependencias estatales, hay datos que no se han cargado en él, por lo que aún no es posible tener un panorama completo.
Recordó que hasta ahora se han detectado pasivos que suman más de 11 mil 100 millones de pesos, “lo que significa que cada una de las y los colimenses, cada niña y cada niño que nace en Colima deben 15 mil pesos, aproximadamente, que son una consecuencia de este desastre financiero del actual gobierno”.
Vizcaíno Silva dijo que si bien el gobierno estatal ha dicho que el desbalance financiero que se tiene se debe al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera que obligó a pagar los créditos contratados a corto plazo, el problema viene de años atrás
Al revisar los créditos a corto plazo de años pasados, éstos fueron creciendo desde los 200 millones de pesos que se contrataron en 2016 hasta los mil 210 millones de pesos en 2020: “Si hubieran mantenido el gasto y la disciplina financiera que se tenía desde el primer año, lo máximo que se hubiese contratado hubiesen sido estos 200 millones que se contrataron en el primer año y no estos mil 200 millones de pesos; ahí encontramos por lo menos un gasto excedente de alrededor de mil millones de pesos”, señaló la gobernadora electa .
Informó además que tan solo de intereses por esos créditos a corto plazo se han pagado mil 700 millones de pesos, lo que equivale al 10% del presupuesto anual de la entidad; dinero que, consideró, “se pudo utilizar en programas sociales para combatir la pobreza, en el fortalecimiento de la seguridad pública o incluso en el pago al Instituto de Pensiones (con el cual se tiene una deuda de 900 millones de pesos”.
Víctor Torrero Enríquez, parte integrante del equipo de transición de Vizcaíno Silva, señaló que la incorrecta aplicación de los recursos por parte de la actual administración ha generado el incumplimiento de compromisos presupuestados con organismos autónomos como la Universidad de Colima, a la que se adeudan 172 millones de pesos, mientras que a la Fiscalía General del Estado se le deben 119 millones.
Torrero precisó que la deuda a largo plazo que heredará el gobierno entrante alcanza los 3 mil 300 millones de pesos, mientras que hay otros pasivos, como el de la Secretaría de Salud, por más de mil millones de pesos, o el de la Secretaría de Educación, por mil 400 millones de pesos.
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afcl
