Por considerarlo posible responsable de falsear información para endeudar al estado y utilizara esos recurso para el gasto corriente, el gobierno de Colima busca sancionar al ex gobernador, Mario Anguaino Moreno (PRI) con una multa de 515 millones 174 mil 928 pesos y la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el estado durante 14 años.
Este jueves el pleno del Congreso aprobó por mayoría las sanciones propuestas por la Comisión de Responsabilidades y que forman parte del procedimiento de responsabilidad administrativa que se inició contra el ex gobernador hace dos años por la contratación irregular de deuda en septiembre de 2015.
Además de las medias contra Anguiano Moreno, el Congreso también impuso sanciones a Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretario general de Gobierno, y a Blanca Isabel Ávalos Fernández, ex secretaria de Finanzas, a quienes inhabilitó por cinco y cuatro años, respectivamente, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal.
En septiembre de 2015, según el expediente que integró la Comisión de Responsabulidades del Congreso de Colima, Anguiano Moreno presentó información falsa al Poder Legislativo para que éste autorizara refinanciar 638 millones de pesos adquiridos como deuda a corto plazo para realizar inversión pública productiva, sin embargo, 125 millones 174 mil 928 pesos se utilizaron para sufragar necesidades temporales del gasto corriente del gobierno estatal.
Además, 190 millones de pesos se utilizaron para cubrir el saldo de otro crédito otorgado por el banco HSBC para ssolventar diferentes gastos, pero ninguno ninguno corresponde a infraestructura pública productiva.
También se cubrió el saldo de un crédito de BBVA Bancomer por 200 millones de pesos, solicitados para poder realizar el reembolso de fondos federales, pago de capital de préstamos, pago de intereses, préstamos a municipios, gasto a cuenta corriente, compra de bienes muebles, participación a municipios y organismos de gobierno.
El diputado panista Riult Rivera Gutiérrez, presidente de la Comisión de Responsabilidades, explicó que los artículos 134 y 117 de la Constitución Mexicana establecen que los estados y municipios podrán contraer empréstitos sólo si se destinan a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, pero en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.
Citó también el artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, la cual señala que los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública se destinarán a inversión pública productiva y a la reestructura y refinanciamiento de deuda pública que se hubiera adquirido para aplicarse a inversión pública.
El dictamen de la Comisión de Responsabilidades aclara que los recursos no fueron sustraídos ni se causó daño al erario público, per se utilizaron para fines distintos a los autorizados.
“No podemos pasar por alto que la responsabilidad del control, vigilancia y manejo de los recursos públicos estatales, recae directamente en el representante Constitucional del Estado, como máxima autoridad ejecutiva estatal”, señaló Rivera Gutiérrez.
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