Torreón.— José Ángel “N”, abuelo del niño que disparó y mató a su maestra en el Colegio Cervantes de Torreón, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso en su carácter de comisión por omisión.
En audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal de Torreón, la cual duró más de tres horas, una juez de Control decidió que existían los datos que presumen la comisión por omisión por parte del abuelo paterno del menor, ya que vivía con él y las armas con las que disparó el pasado 10 de enero le pertenecían.
Eduardo Nakasima, encargado de la dirección de Procesos de la Fiscalía de Coahuila en la región Laguna, mencionó que el debate de la audiencia versó especialmente en el tema de la omisión y la calidad de garante del niño. En la audiencia no estuvo presente familia del acusado y únicamente asistieron el abogado defensor y el agente del Ministerio Público.
El acusado se reservó el derecho a declarar. Según el fiscal Gerardo Márquez Guevara, sólo hubo argumentos vertidos por la defensa, tendientes a tratar de desvirtuar la acusación.
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Márquez Guevara respaldó que hasta el momento se ha comprobado que el abuelo faltó a su deber jurídico de cuidado en su calidad de garante de las armas y la propiedad donde cohabitaba con el niño.
“Lo que le imputamos es que tenía conocimiento de las armas, no tomó las precauciones para la guardia de las mismas, y sabía que el menor tenía una afición por las armas y que conocía las de él”, expuso el fiscal.
Señaló que los datos de prueba provienen de una serie de entrevistas del entorno familiar y escolar del menor, de otros extraídos del celular del abuelo y de inspecciones ministeriales y del propio cateo que se practicó en el domicilio, donde encontraron diversos artículos con armas de plástico, juguetes bélicos, armas de aire comprimido y videojuegos también de carácter bélico.
Márquez Guevara recordó que las armas —calibre .25 y .40— no estaban registradas y que en México las de grueso calibre no son para uso de particulares.
Además, informó que se continúa investigando el entorno del menor. Hasta el momento el padre no ha sido localizado, mientras que la abuela no es investigada por parte de la fiscalía.
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Asimismo, aseguró que sigue abierta la investigación y aclaró que la fiscalía no cuenta con videos de las cámaras de vigilancia del colegio, particularmente del área donde sucedieron los hechos. También aclaró que ninguno de los lesionados o sus familiares han presentado alguna denuncia; sin embargo, acotó que se siguen de oficio.
A partir de ahora se tendrá un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaría, el cual puede ser extendido. En ese lapso, tanto la fiscalía como la defensa, recabarán datos de prueba para respaldar sus pruebas o fortalecer las actuales.
José Manuel Mireles, abogado del acusado, mencionó que analizarán si apelan o impugnan la resolución de la autoridad judicial.
