Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos se manifestaron e iniciaron un plantón frente a Palacio de Gobierno para exigir mayor presupuesto en la búsqueda e identificación de cuerpos y mesas de diálogo con el gobernador de , Cuitláhuac García Jiménez.

Activistas bloquearon las principales calles del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa y cerraron los accesos a la sede del Poder Ejecutivo para denunciar una disminución gradual de los presupuestos para búsqueda de personas e identificación de cuerpos.

Demandaron destinar dinero suficiente a la y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y celeridad en las investigaciones.

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Con imágenes de sus seres queridos desaparecidos, los inconformes exigieron al mandatario estatal reanudar las mesas de dialogo con los Colectivos de Desaparecidos, una de sus promesas al llegar al cargo.

Activistas bloquearon las principales calles del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa. Foto: Especial.
Activistas bloquearon las principales calles del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa. Foto: Especial.

En diciembre del 2018 y en una de sus primeras acciones como gobernador, el morenista Cuitláhuac García Jiménez anunció la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, la primera en su tipo en el país.

Con dicha medida, se llamaba a organizaciones internacionales, incluida Naciones Unidas y a la sociedad civil, a intervenir en Veracruz para apoyar a las miles de víctimas por desapariciones de personas por la guerra entre carteles del narcotráfico y su combate oficial.

Los colectivos lamentaron que no haya reuniones ni con el mandatario ni con autoridades de la Fiscalía General del Estado.

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De enero de 2022 al 27 de marzo del 2023, Veracruz se ubicó entre los primeros 10 estados del país con mayor población de hombres y mujeres desaparecidos y no localizados con 4 mil 328 personas.

Se tiene un registro de 702 fosas clandestinas localizadas en territorio veracruzano desde el 2011 al 2022. En dichos cementerios ilegales han sido ubicados 704 cuerpos y casi 60 mil restos humanos.

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