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Guanajuato.- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron que fueron abandonadas por la Fiscalía General de Estado , que dejó de darles asesoría legal y bateó a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) que carece del personal y presupuesto.
Guanajuato tiene un registro oficial de 2 mil 740 personas desaparecidas y no localizadas, que integrantes de colectivos buscan sin descanso por los cerros, baldíos, montes o zonas de cultivo.
Este jueves, representantes de catorce colectivos y tres organizaciones de defensa a los derechos humanos entregaron un documento dirigido al Congreso del Estado y al Gobierno del Estado, en el que exigen una solución urgente y que se cumpla la Ley de Víctimas.
En la sede del recinto legislativo expusieron que enfrentan las consecuencias de una crisis en materia de Derechos Humanos en la entidad.
La falta de recursos y el deslinde de la FGEG obstaculizan el trabajo de la comisión y son muestras del abandono del estado hacia las víctimas
Describieron que en julio pasado, de forma repentina, la fiscalía dejó de brindar el servicio de asesoría jurídica a las víctimas, quienes son canalizadas a la CEAIV, sin aviso previo, ni un periodo de adaptación razonable.
La comisión opera con los mismos recursos y no ha realizado la contratación de asesores jurídicos, para atender la demanda, pese a que desde hace meses han señalado que las comisiones de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la Secretaría de Gobierno, tienen problemas presupuestales que les impiden cumplir con sus funciones.
“Esto se traduce en retrasos y cuellos de botella, en repetidas violaciones de los derechos humanos de las víctimas y, particularmente, en una serie de agravios a las familias de personas desaparecidas que emprenden búsquedas y llevan diligencias sin el apoyo institucional”.
También destacaron la incertidumbre por la probable dimisión del comisionado Jaime Rochín del Rincón.
En la sesión de hoy, el diputado morenista David Martínez Mendizábal presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local para reconocer el derecho humano a ser buscado.
La propuesta plantea que toda persona cuyo paradero o ubicación se desconozca tiene el derecho a ser buscada por las autoridades, sus familias y otras personas directamente afectadas por la ausencia.
En la exposición de motivos, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que, en el presente año, el país ha rebasado la cifra de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas. Destacó que cuando se hace referencia a la desaparición de personas se habla de una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
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afcl
