La Paz
Baja California Sur, tierra de contrastes, pasó en los últimos cuatro años de ser un lugar de calma a encabezar la lista de entidades con más homicidios por tasa poblacional y donde surgió otro fenómeno: las personas desaparecidas.
Resultado de pugnas al interior del Cártel de Sinaloa, el estado experimentó de 2014 a 2017 la peor crisis de violencia, ubicándose el año pasado en el segundo lugar nacional con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 69.15 casos. Producto de esto, el fenómeno de personas desaparecidas ha ido en aumento sin que haya una cifra unificada de datos.
Especialistas en Derechos Humanos y organizaciones civiles nacionales y locales han advertido de las deficiencias en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
En su portal web, las cifras que se presentan son hasta abril pasado. En Baja California Sur se tienen contabilizadas 39 personas no localizadas, según las denuncias en el Ministerio Público del Fuero Común y sólo una en el Ministerio Público Federal.
No obstante, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), existen abiertas 52 carpetas de investigación por localización de personas, privación de libertad o desaparición en 2018.
En abril de este año, la PGJE realizó dos jornadas para toma de muestras a familiares de personas desaparecidas y con ello sumarse al Banco Nacional de Muestras de Genética de Identificación Humana a las cuales acudieron 89 personas; todas ellas buscan a por lo menos un familiar desaparecido. La cifra de víctimas es imprecisa en el estado.
Doble desaparición
La falta de datos reales y la impunidad dificultan la eficiente búsqueda y aplicación de la justicia, señala Volga de Pina Ravest, especialista en Derechos Humanos e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
“En México priva un desconocimiento del número real de desaparecidos. Se sabe que son mucho más de 38 mil —según la cifra oficial— y mucha gente tiene mucho miedo de denunciar”, refiere Volga de Pina.
Indica que los no localizados sufren también de una “desaparición administrativa”, porque las instituciones no operan eficientemente y hay registros confusos entre carpetas de investigación y víctimas.
En tanto, la investigadora Lorella Castorena, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), coincide en que la ausencia de datos ha sido persistente en la entidad. “De fondo, lo que hacen las autoridades es invisibilizar a los desaparecidos, al no establecer registros precisos. Evaden así su responsabilidad de atender las desapariciones. Para ellos no existen”.
Sin marco legal
El abogado Arturo Rubio Ruiz, presidente del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito —una asociación civil local— dice que en Baja California Sur los familiares de personas desaparecidas deben lidiar con el nulo interés de las autoridades, como pasa en el país.
Reflejo de ello, asegura, es el rezago en las investigaciones y atención a víctimas, así como la falta de armonización de leyes.
De acuerdo con la ley general en materia de desapariciones, publicada el año pasado, las entidades tenían hasta el 15 de julio de 2018 para emitir leyes locales o armonizar las existentes. Baja California Sur incumplió en ambos casos, y por lo tanto, tampoco cuenta con una comisión local de búsqueda.
Para Rubio Ruiz, se requiere mayor presupuesto y de un órgano desconcentrado para la atención a víctimas, pues hoy la comisión estatal está dentro de la estructura de la Procuraduría de Justicia.
Silvia Lupián, representante ciudadano de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, considera que es la falta de descentralización y presupuesto para esta causa lo que ha imposibilitado una atención integral a las víctimas, aunque existen “algunos avances”.
EL UNIVERSAL solicitó entrevistas con los titulares de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al cierre de la edición, no hubo respuesta.